Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general y en lo particular la reforma a la Ley contra el lavado de dinero y al Código Penal Federal, que endurece las medidas contra el manejo de recursos financieros ilícitos, así como operaciones de compra de inmuebles, joyas y depósitos en tarjetas de crédito y débito.

Con la reforma, también se permite la intervención de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra ese delito.

“Se cierra el paso al dinero sucio”, expresó en tribuna Karina del Río Zenteno (Morena).

En ese sentido, la diputada Maricarmen Bernal (PT) también manifestó: “Ni un paso para más para la impunidad; ni un peso más para el crimen organizado”.

Sin pasar por comisiones y al considerar que la minuta enviada la semana anterior por la Cámara de Senadores era de urgente y obvia resolución, la mayoría de Morena y sus aliados dio entrada al documento y comenzó el debate.

En lo general, la minuta se votó después de 22 minutos en que se mantuvo abierto el sistema de votación, que registró fallas y se apagó tres veces debido a una falla –según explicó la mesa directiva- en el servicio de Internet.

De esta manera, se aprobó con 297 votos de Morena y sus aliados; 37 en contra del PRI. Para no votar en contra, PAN y MC se abstuvieron.

Desde la tribuna, PAN, PRI y MC resaltaron que la reforma implica el riesgo de persecución política contra los opositores y cuestionaron que la Guardia Nacional ahora tenga funciones financieras.

Asimismo, señalaron que la nueva definición de personas políticamente expuestas podría someter a vigilancia a funcionarios de todos los niveles, incluso a dirigentes de los partidos políticos.

Con las modificaciones a la ley y al Código Penal se define como “persona políticamente expuesta, a aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría (de Hacienda) establezca en reglas o disposiciones de carácter general”.

Esto es, expresaron diputados de MC, la vigilancia se puede extender a socios, familiares y allegados y la información que se obtenga por parte de las dos secretarías y de la Guardia nacional “se puede utilizar con discrecionalidad”.

El PRI envió a hablar en contra de la reforma a Christian Castro, sobrino del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue acusado en 2022 por la fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

Castro -ex candidato al gobierno de esa entidad- sostuvo que la modificación “es para perseguir enemigos y proteger a los amigos”.

En contraste, Julio César Moreno Rivera (Morena), señaló que se busca impedir casos como el financiamiento a la campaña “del cínico de (Vicente) Fox” o bien cerrare el paso a las transferencias de fondos desde el erario como ocurrió con el Pemexgate, que sustentó el gasto de la promoción de Francisco Labastida; e incluso se repitan operaciones como la de Odebrecht y “el uso de empresas fantasma que financiaron a Enrique Peña” y ya en su sexenio la transferencia de fondos de universidades a firmas inexistentes.

El pleno comenzó el desahogo de reservas con once oradores en tribuna.

En lo particular intervinieron once oradores y el pleno no aceptó ningún cambio. Así, y una vez corregidas las fallas del servicio de Internet, la minuta se votó con 349 votos en favor de la mayoría; 91 abstenciones de PAN y MC, y 37 votos en contra del PRI y una más del emecista Miguel Ángel Conchas.

El proyecto de decreto se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.