San Cristóbal de Las Casas, Chis. “La tortura sigue siendo un mecanismo recurrente en Chiapas, vinculado a la ausencia de garantías de seguridad e integridad, así como a la violación sistemática del debido proceso legal”, afirmó la Organización Familias Unidas Contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos.

En un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), expresó su “profunda preocupación por nuestros familiares injustamente encarcelados, quienes representan miles de casos invisibilizados por el sistema de justicia como Rigoberto Vázquez Méndez y los hermanos Freddy Martínez Jiménez, Jeison Miguel Martínez Jiménez, por lo que exigimos que las autoridades competentes resuelvan de manera inmediata el recurso de amparo y se dicte su absolución”.

Añadió que ellos, además de “Yonny Ronay Chacón González, Pedro Pérez Jiménez, Versaín Velasco García y Jorge López Montoya, detenidos de forma violenta y sometidos a tortura sicológica, encarcelados injustamente deben obtener su libertad y justicia plena”.

También se pronunció “por el caso de nuestro compañero Francisco Espinosa Hidalgo, quien fue torturado, encarcelado y posteriormente puesto en libertad después de cuatro años, por lo que actualmente se encuentra en proceso legal para exigir justicia, castigo contra sus torturadores y reparación integral a los daños físicos, sicológicos y patrimoniales que le ocasionaron. Confiamos en el buen juicio del Juez para que haya justicia verdadera”.

El comunicado fue dado a conocer después de una reunión de los integrantes del organismo realizada los días 28 y 29 de junio en San Cristóbal, con el propósito de “fortalecer nuestra alianza colectiva y reiterar nuestro más enérgico repudio a la práctica sistemática de la tortura en Chiapas y en todo el país”.

Explicó que el encuentro se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997.

“Somos familiares, víctimas y personas sobrevivientes de tortura, muchos de nosotras/os pertenecientes a pueblos originarios y familias campesinas empobrecidas, que hemos vivido en carne propia las secuelas profundas e irreparables que esta práctica deja tanto en las víctimas directas como en sus entornos más cercanos”, dijo la agrupación.

Señaló que “los actos de tortura que sufrimos comenzaron desde el momento mismo de nuestra detención, con intimidaciones, amenazas y violencia por parte de agentes ministeriales. Los vehículos en los que fuimos trasladados, las orillas de las carreteras, ríos, lotes baldíos, casas abandonadas e incluso las propias oficinas de las fiscalías se convirtieron en espacios de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos lugares, carentes de testigos y de vigilancia externa, han funcionado como zonas terror e impunidad”.

La agrupación reiteró que “no nos cansaremos de denunciar y responsabilizar al Estado mexicano por su omisión, su encubrimiento y su falta de voluntad política para erradicar esta práctica sistemática. La tortura no puede, ni debe, formar parte de ningún procedimiento de investigación, procuración de justicia ni usarse como herramienta para fabricar culpables”.

Exigió al Estado que “garantice la seguridad e integridad física y psicológica tanto de nuestros familiares como de las demás personas recluidas en los Centros penitenciarios. Que brinde alimentación adecuada, cuidados médicos necesarios y atención óptima; evite castigos y aislamiento a nuestros familiares, ya que estas prácticas pueden seguir siendo actos de tortura que lastima la dignidad humana”.