Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto mediante el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en una sesión donde los partidos opositores denunciaron que el bloque mayoritario cometió un “albazo legislativo” al enviar en la madrugada de hoy una reserva que modifica lo discutido en comisiones.  

Tras un debate de poco más de tres horas y media, el pleno de San Lázaro avaló la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum por 445 votos a favor, ya que a los votos de Morena y sus aliados se sumaron los del PAN y MC, quienes afirmaron sumarse para que el actual gobierno no tenga “pretextos” para no dar resultados contra la inseguridad. En contra hubo sólo 37 votos, de la bancada del PRI.
 

Mayor coordinación y profesionalización: Morena

El inicio de la sesión de este miércoles estuvo marcado por señalamientos del grupo parlamentario priísta en el sentido de que en la madrugada de hoy se envió como adenda una modificación al dictamen, sin cumplir con el procedimiento legislativo adecuado, y con la firma de sólo seis de los 18 integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

“El texto que ustedes nos están entregando, que son 480 páginas, se va a discutir en este momento sin la posibilidad de una reflexión y una lectura de todos, incluyendo la mayoría” legislativa, advirtió el coordinador del tricolor, Rubén Moreira. 

Tras desecharse mociones suspensivas presentadas por MC y el PRI, los legisladores de Morena y aliados encomiaron que la ley votada establece la obligatoriedad de la coordinación en materia de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno, profesionaliza a las fuerzas de seguridad con planes de acreditación y certificación, y abre la puerta a que la Auditoría Superior de la Federación revise cómo se utilizan los fondos federales en temas de seguridad. 

De igual forma, obliga a que los registros de seguridad de todas las instancias federales, estatales y municipales se actualicen diariamente y se puedan compartir entre todas las autoridades del sector.  

La propuesta, por otro lado, eliminó la iniciativa de crear un registro nacional de usuarios de telefonía celular, aunque dicho aspecto fue incluido en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que se discutirá hoy mismo, tras la eventual aprobación de la norma que rige al SNSP, alertó la oposición. 

Dolores Padierna Luna (Morena) subrayó que el sistema de seguridad pública “requiere coordinación, táctica y estrategia”, por lo que la nueva ley “deja atrás la descoordinación, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Ya no serán ocurrencias, sino fruto de la colaboración, el diálogo y la inteligencia”.  

De su lado, el petista Ricardo Mejía Berdeja saludó que la iniciativa obliga a la certificación de todas las corporaciones de seguridad, “desde la Guardia Nacional, a la más modesta policía municipal”, además de homologar protocolos de actuación policial y consolidar un sistema nacional de información en estos temas. 

Luego de enfatizar que nadie puede “regatearle” a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que amplíe sus atribuciones, destacó que la Federación podrá restringir de manera total o parcial las señales de comunicación desde los reclusorios, para evitar el delito de extorsión que se lleva a cabo desde dichos sitios. 

PRI: “se desmantela el federalismo en seguridad pública” 

En sentido contrario, el diputado priísta Emilio Suárez Licona alertó que la propuesta “desmantela el federalismo en materia de seguridad pública para sustituirlo por un centralismo competencial y presupuestal”, pues como advirtió su correligionario Alejandro Domínguez, se faculta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a suspender las aportaciones federales para estados y municipios si considera que éstos no han cumplido con los acuerdos en la materia. 

Además, la iniciativa “mantiene la militarización de la seguridad”, le dota al Secretariado Ejecutivo del SNSP de una “cantidad desproporcionada y discrecional” de facultades, y crea medidas de “vigilancia masiva indiscriminada, propia de un Estado policial sin controles democráticos mínimos”. 

Por su parte, César Damián Retes (PAN) indicó que la reforma propuesta por la mayoría admite tácitamente que la estrategia de seguridad de los gobiernos de Morena “ha fallado” y tienen aspectos positivos, como bloquear las señales de comunicación desde las cárceles, para frenar el delito de extorsión. 

Por ello, dijo, “en este dictamen damos un voto de confianza, porque no vamos a regatearle al gobierno algo que es en beneficio de las familias”, pero al mismo tiempo recalcó: “con esta reforma no hay lugar para pretextos ni para improvisaciones ni para culpar al pasado. Si después de esta reforma no dan resultados, una de dos: o son incompetentes, o están coludidos con la delincuencia organizada. Si después de esta reforma no dan resultados, tengan dignidad para renunciar y hacerse a un lado”. 

Tras la aprobación de la iniciativa en lo general, los partidos de oposición se presentaron reservas a prácticamente todo el articulado de la reforma, por lo que la discusión sigue en lo particular.