Aunque todavía hay un gran debate en torno a la pertinencia de mantener la prisión preventiva oficiosa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el contexto de inseguridad y de presencia del crimen organizado que prevalece en el país, es explicable que en algunos delitos graves se establezca su aplicación sin que esté sujeta a los criterios del juez. Preservarlo en la legislación –vigente desde 2019 pero sujeto a la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– permitiría mayores garantías a los jueces.

Al referirse a la inminente discusión de esta figura en la Corte a partir de un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, la mandataria aseveró que actualmente está incorporado en el articulo 19 constitucional para su aplicación en un catálogo de delitos. Señaló que en el debate está la figura de la prisión preventiva justificada. Esto es, que a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinará si es procedente la prisión preventiva o el acusado puede llevar su proceso en libertad.

“Frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante –incluso para protección de los propios jueces, viéndolo en apoyo a los jueces– que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa o justificada, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos como homicidio o ciertos delitos graves.”

Sheinbaum explicó que esto reduciría la vulnerabilidad de los jueces, es decir, para que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso al decidir si procede o no la prisión oficiosa. Es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que vive nuestro país frente a grupos de delincuencia organizada. Es una serie de delitos.