Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) notificó a un juez federal que del 27 de mayo al 6 de junio, localizó y destruyó 18 artefactos explosivos improvisados en diferentes localidades de Michoacán, sembrados por integrantes de la célula delictiva Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto se suman a las 28 minas clandestinas que desactivó a mediados de mayo en esa entidad.
Estas acciones se llevan a cabo, luego de que la Defensa acató la suspensión definitiva que Sergio Santamaría Chamú, titular del juzgado Primero de Distrito con sede en Michoacán, concedió a pobladores, quienes en su demanda reclamaron la omisión de las autoridades federales de desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de mina terrestres por parte del crimen organizado.
Asimismo, el Jefe del Estado Mayor de la 21 Zona Militar de la Defensa, con sede en esta ciudad, informó al juzgador que las comunidades de "Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán", no se encuentran bajo la jurisdicción de esa Zona Militar; por lo que, dichas áreas, pertenecen a la jurisdicción de la 43 Zona Militar (Apatzingán, Michoacán).
Sin embargo, refirió contar con personal calificado para atender eventos dentro de su jurisdicción, a efecto de localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir artefactos explosivos; de lo cual este órgano jurisdiccional tomó conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Detonaciones de artefactos, riesgo latente
Al conceder la suspensión definitiva, el togado afirmó que constituye un riesgo latente para las personas que habitan las localidades de "Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán", pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas, pierdan la vida o sufran mutilaciones, ante el alto riesgo probado de los informes rendidos por las autoridades responsables, dado la detonación de los artefactos explosivos que, clandestinamente, se siguen instalando en la entidad.
Por ello, pidió a la Defensa que realice las acciones que resulten efectivas para que, salvaguardando en la mayor amplitud posible los derechos humanos de las personas quejosas, les garanticen la prohibición de ser objeto de desplazamiento forzado, como consecuencia de la situación que prevalece en esa zona del estado de Michoacán, motivada por la colocación de los mencionados artefactos explosivos, que pudiera ser determinante para que abandonen sus hogares o empleos, por temor a perder la vida o sufrir graves daños en su integridad personal, como aconteció en el caso de las mujeres de la población de Aguililla, Michoacán.
Incluso advirtió que deberán realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica. “Para efecto de lo anterior, la Presidenta de la República deberá instruir a las secretarías o dependencias que resulten competentes en la parte social y económica del Gobierno Federal, para que emprendan las acciones que habrán de ejecutarse para la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas.
