Cuernavaca, Mor. Más de un centenar de familiares de personas privadas de la libertad —a quienes consideran inocentes— bloquearon durante más de cinco horas cuatro accesos y salidas principales de Cuernavaca, capital de Morelos. La protesta tuvo como objetivo exigir a las autoridades la liberación inmediata de más de 300 internos recluidos “de manera injustificada” en penales de la entidad, así como de alrededor de 3 mil personas a nivel nacional.

Los bloqueos comenzaron al mediodía del viernes en la autopista del Sol y en las carreteras federales hacia Tepoztlán, la Ciudad de México y el centro de Cuernavaca, a la altura de la glorieta de La Paz.

Karina Escandón Camargo, dirigente del colectivo nacional No Más Presos Inocentes, afirmó que en Morelos existen cerca de 300 personas recluidas en centros penitenciarios estatales y federales que deberían ser liberadas de forma inmediata. Hizo un llamado al gobierno federal y a la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, para intervenir en estos casos.

“Como ha sucedido en muchos casos, se fabrican las carpetas de investigación, se acusa injustamente a una persona de uno o varios delitos. Hoy alzamos la voz por quienes están en prisión sin ser responsables. Les han quitado su libertad sin pruebas reales”, declaró Escandón.

Como ejemplo, mencionó el caso de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien estuvo en prisión durante 19 años. “Ella representa lo que es una presa inocente. Con un simple ‘disculpe usted’ quieren reparar el daño, pero le destruyeron la vida, como a tantos que están tras las rejas sin haber cometido delito alguno”, agregó.

Según la organización, los delitos por los que más se acusa injustamente son secuestro, robo, homicidio, despojo y delitos de género.

Algunos de los familiares entrevistados señalaron que su protesta está dirigida tanto a autoridades estatales como federales. Denunciaron que muchas de las denuncias falsas se originan en las fiscalías generales, cuyos funcionarios —aseguran— se prestan a actos de corrupción junto con jueces, policías y hasta magistrados.

Uno de los casos destacados fue el de José, un hombre de 85 años preso desde hace dos años en el penal de Jojutla, acusado de despojo de tierras.

Escandón Camargo aseguró que el colectivo ha revisado más de tres mil carpetas de investigación presuntamente fabricadas y que las personas implicadas deben ser liberadas.

Finalmente, los manifestantes expresaron su esperanza de que la próxima reforma al Poder Judicial contribuya a una impartición de justicia más equitativa en el país.