La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y la vicepresidenta de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Ganna Yudkivska, expresaron su “profunda preocupación” por la detención arbitraria del defensor Higinio Bustos Navarro en mayo del 2021 en Veracruz.
Indicaron que Bustos continúa preso en el Centro de Reinserción Social de Tantoyuca por presunto homicidio calificado. “Tememos sea un acto de represalia por sus actividades de defensa de los derechos humanos y de discriminación por su calidad de persona indígena y pertenencia política”, afirmaron en una comunicación enviada al Estado mexicano.
Manifestaron su preocupación por que las acusaciones contra Bustos obstaculicen y desacrediten su labor y los esfuerzos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. “También que tengan un efecto amedrentador sobre la labor de otras personas defensoras de los derechos humanos y su capacidad de ejercer libremente el derecho a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Las expertas instaron al gobierno mexicano a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Bustos e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
Indicaron que Bustos ha interpuesto tres recursos de amparo ante las autoridades judiciales y administrativas, los cuales han sido rechazados. “Ha permanecido en prisión preventiva desde el 3 de mayo de 2021 y, desde entonces, habría sido sujeto a un proceso judicial marcado por irregularidades, las cuales fueron reconocidas en la opinión número 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, adoptada en agosto de 2024”.
Refirieron que los agentes que detuvieron a Bustos “no le habrían presentado una orden de detención o documento equivalente, ni explicado los motivos de la detención en el momento en que esta se llevó a cabo”.
Ante este contexto, solicitaron al Estado mexicano que proporcione cualquier información o comentario en relación con las alegaciones mencionadas, al igual que sobre la base fáctica y jurídica de la acusación y sobre las garantías del debido proceso.
También que informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la opinión 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y sobre las medidas de prevención adoptadas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos indígenas, puedan llevar a cabo su labor en México sin miedo a sufrir actos de criminalización.
