Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este miércoles que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los fundamentos jurídicos y las razones que acreditan la legalidad de las acciones que emprendió para desmantelar las presas y represas construidas ilegalmente en el rancho El Saucito, en Chihuahua, propiedad del ex gobernador César Duarte Jáquez.

Con esta acción, se “demostró que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para detener la demolición de estas construcciones es improcedente, porque se trata de un asunto que ha agotado todas las instancias impugnativas (causó Estado) y por la trascendencia que tiene para la sociedad”, precisó la Conagua en un comunicado.

Señaló que es importante recalcar que esas sanciones, en su oportunidad, fueron combatidas por el ex gobernador Duarte en diferentes instancias jurisdiccionales. Sin embargo, precisó, “éstas fueron validadas, incluso por el propio Poder Judicial de la Federación, por lo que se trata de la ejecución de una determinación firme”.

Por lo anterior, “y al carecer de legalidad”, agregó que también presentó un recurso de queja en contra de la suspensión provisional otorgada por la titular del Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Chihuahua, así como la información necesaria para su revocación.

Destacó que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, derivadas de los presuntos actos ilícitos de los que se tuvo conocimiento en la diligencia realizada el pasado 27 de mayo, como el posible uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal.

Con estas acciones, la Conagua ratificó que las sanciones se determinaron por realizar obras sobre propiedad federal, aprovechar el recurso hídrico y desviar el normal cauce de un cuerpo de agua, sin contar con el permiso correspondiente, anomalía que persiste y no puede continuar.

Por ello, reiteró su compromiso de garantizar el derecho humano al agua y gestionar los recursos hídricos, que son bienes nacionales, siempre con estricto apego a derecho.