Guatemala. La fiscalía de Guatemala anunció este lunes órdenes de captura contra un grupo de personas, incluida la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el ex jefe de una comisión anticorrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Iván Velásquez, lo que provocó un enérgico rechazo del gobierno del país sudamericano.
El fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció en un video las órdenes de arresto contra los funcionarios colombianos acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión en un caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña antes conocida como Odebrecht.
Curruchiche afirmó que Velásquez supuestamente favoreció a empresarios de Odebrecht en detrimento de los recursos financieros del país centroamericano.
Velázquez se ganó el reconocimiento internacional por su labor al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por la ONU, que en 2015 destapó un multimillonario caso de corrupción que llevó a la dimisión y detención del ex presidente Otto Pérez Molina.
La comisión investigó posteriormente al sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, quien finalmente cerró la Cicig.
Colombia rechazó las órdenes de captura contra su fiscal general y Velásquez, quien fue ministro de Defensa hasta marzo de este año y luego designado embajador ante la Santa Sede por el presidente Gustavo Petro.
La orden de la fiscalía del país centroamericano solicita la captura internacional de los funcionarios colombianos.
"Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional", dijo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
"Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso", explicó.
La Cicig tenía como objetivo apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
También investigó grupos criminales que infiltraron las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros alcanzados desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990.
Velásquez cuestionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y a Curruchiche, al tiempo que aseguró que fueron designados como "corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea".
