Zacatecas, Zac. Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), obtuvo su libertad condicional, tras una semana preso en el penal de Cieneguillas, luego que el juez Alfredo Sánchez Domínguez reclasificara el delito de violación equiparada agravada, por el que estaba acusado, por el de agresión sexual, en contra una menor de cinco años.

Sus abogados, el juez de la causa penal y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas -luego de analizar las pruebas presentadas por familiares de la víctima-, cambiaron el tipo penal, para el que la sanción máxima es de cuatro años y permite la libertad bajo fianza.

En ese contexto, integrantes de colectivos feministas protestaron frente al edificio de la rectoría, para exigir la renuncia de Ibarra Reyes, contra la fiscalía y el juez Alfredo Sánchez, por haber conmutado la pena al procesado.

Sánchez Domínguez autorizó la “reclasificación jurídica” del delito a petición de la defensa del imputado, pues el delito de violación sexual equiparada, el código penal de Zacatecas estipula una pena de prisión de hasta 22 años.

Sin embargo, sí el rector de la UAZ se sujetaba a un procedimiento abreviado, y aceptaba su culpabilidad del delito de acoso sexual, la pena es de cuatro años de prisión, podía cumplirla en libertad, con el pago de una fianza, por lo que Ibarra Reyes se acogió a este procedimiento.

Al respecto, la fiscalía aclaró que “a petición de la defensa y de manera consensuada con los padres de la víctima, se llevó a cabo un procedimiento abreviado, por lo que el imputado aceptó su responsabilidad en el hecho y fue sentenciado a cuatro años de prisión, garantizando la reparación integral del daño, en beneficio de la víctima, incluyendo de manera muy importante el proyecto de vida (sic), así como una multa por el ilícito cometido”.

La detención del rector de la UAZ, el pasado sábado, adquirió un tinte político, debido a que ese día comenzó el periodo de votaciones en la máxima casa de estudios, para elegir al próximo rector.

Pero, además, la fiscalía también dio a conocer en esa fecha que era buscada Jenny González Arenas –una de los dos candidatos a rectoría-, pues también existía una querella en su contra por presunta administración fraudulenta, al frente del sindicato de personal académico de la universidad.

La sospecha política creció, porque las denuncias de ambos asuntos se interpusieron meses atrás, y la fiscalía activó, judicialmente esos casos, en plenos comicios universitarios.