Por donde se vea, la deuda del "rescate" bancario es ilegal: desde que, en 1995, Ernesto Zedillo utilizó una catarata de recursos públicos para "salvar" a sus amigos especuladores (muchos de ellos participantes en el muy salinista pase de charola de 1993 para la campaña de Luis Donaldo Colosio) hasta su "aprobación" por parte de legisladores prianistas en diciembre de 1998, a sabiendas del brutal uso ilegítimo de las arcas nacionales para beneficiar a ese grupúsculo, y su mantenimiento de entonces a la fecha.
Se entiende por qué los gobiernos prianistas (el del propio Zedillo, más los de Fox, Calderón y Peña Nieto, pues a eso dedicaron: a saquear al país y a beneficiar a la oligarquía a costillas de los mexicanos) ni lejanamente consideraron resarcir a la nación por tal "rescate" (por el contrario, no sólo utilizaron cada vez más recursos públicos para dejar limpios a los "rescatados", sino que a éstos permitieron, y permiten, obtener pingües ganancias adicionales con los bonos del propio "rescate"), pero surge la duda sobre el proceder de las administraciones de la 4-T en este asalto.
"No cambiar las reglas a los banqueros fue el precio a pagar para mantener la estabilidad financiera", dijo López Obrador a días de concluir su mandato. "Es inviable dejar de pagar" el Fobaproa, ha dicho Sheinbaum, por mucho que reconoce que "el rescate bancario, que convirtió deudas privadas en deuda de todos los mexicanos, fue absolutamente discrecional y ahí hubo enorme corrupción". Si bien cuestionaron y documentaron el atraco a la nación, no pasaron de ahí y el interminable flujo de recursos públicos al multicitado fin privado se mantiene, sin siquiera intentar mejorar el perfil de ese débito. Entonces, ¿rehenes de los barones del dinero?
Desde hace 30 años los mexicanos (quiéranlo o no, porque jamás fueron consultados) cargan sobre sus espaldas la deuda del "rescate" bancario (hasta ahora han pagado más de 2 billones de pesos sólo por intereses y el saldo de ese débito aún es de un billón 135 mil millones, al cierre de marzo pasado, y contando; el "rescate" carretero es aparte).
Pues bien, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha tenido a bien "actualizar" el calendario, es decir, precisar de qué tamaño es la piedra que desde 1995 cargan los mexicanos, y lo seguirán haciendo: "Los pagos del Fobaproa son ineludibles hasta 2057", es decir, el "rescate" bancario terminará de saldarse (si en realidad ello sucede, porque ese débito es como la historia de Sísifo) en los próximos 32 años (más las tres décadas ya transcurridas), para redondear 62 años.
De acuerdo con Amador Zamora, "las obligaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, antes Fobaproa, son deuda del Estado mexicano y en esos términos deben ser cumplidas. Si bien tienen origen en una historia tan truculenta de un rescate de deudas privadas que se transformaron en deudas públicas sin beneficio concreto, al final son obligaciones que de manera preliminar pesarán 62 años en el balance público" ( La Jornada, Dora Villanueva y Roberto González Amador).
Así, "preliminarmente" (Amador Zamora dixit), tres generaciones de mexicanos (padres, hijos y nietos) han sido y serán las que pagarán la decisión de una sola persona, Ernesto Zedillo (que no ha pagado nada, porque vive en el extranjero y goza de las mieles de trabajar para las trasnacionales por él beneficiadas), para "salvar" de forma ilegal a un grupúsculo de especuladores que hoy goza de cabal salud, "rescate" que ha sido avalado no sólo por el Congreso, sino también por las cinco administraciones gubernamentales subsecuentes.
Entonces, la "actualización" del Secretario de Hacienda implica que de aquí a 2057 (cuando menos) de las arcas nacionales deberán salir, en promedio, 35 mil 500 millones de pesos cada año para pagar la ilegal deuda del Fobaproa, siempre y cuando el citado saldo de marzo de 2025 no se modifique, algo que a todas luces resulta más que fantasioso. Ello, desde luego, sin considerar los intereses a pagar en los siguientes 32 años (¿mínimo 2 billones adicionales?).
Sirva para la memoria: sólo en 2025, el gobierno emitirá 254 mil 400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del (Fobaproa) IPAB, como parte del esquema de endeudar a las finanzas públicas para pagar las deudas privadas del "rescate" ( La Jornada, Dora Villanueva).
Las rebanadas del pastel
Pero, serenos, mexicanos pagadores, que el gobierno nacional ya opera para que el papa León XIV visite nuestro país. A ver si, más allá de sus bendiciones, aporta algo de efectivo para pagar la ilegal deuda del "rescate".
X: @cafevega
