Ciudad de México. Por casos de despidos injustificados y la falta de pago de utilidades, vacaciones, horas extra y otras prestaciones, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuperó 923 millones 820 mil pesos en favor de los trabajadores a través de la resolución de 16 mil 828 mediaciones y conciliaciones en el 2024.
El titular de esta institución, Plácido Morales Vázquez, detalló que el año pasado se atendió a más de 323 mil trabajadores, de las cuales 25 por ciento (81 mil 809) acudieron por despidos injustificados; en segundo lugar se encuentran el pago de prestaciones (21 por ciento), y en tercero las pensiones y devolución de aportaciones del IMSS, Afores e Infonavit.
En entrevista con La Jornada señaló que la entidad con mayor incidencia de bajas laborales injustificadas son la Ciudad de México, con 63 por ciento, y la zona centro del país, 16 por ciento.
Dio a conocer que entre los derechos afectados a los trabajadores está el reparto de utilidades, y ante este tipo de conflictos la Profedet proporcionó 24 mil 982 asesorías, de las cuales 521 derivaron en la conciliación de los casos. Así, a través de esta alternativa que privilegia el nuevo sistema de justicia laboral para la solución de diversos conflictos, se recuperaron 168 mil 693 pesos, detalló.
El funcionario explicó que la Ciudad de México, Jalisco y Morelos fueron las entidades con mayor cifra de atención por este motivo de conflicto, y agregó que los sectores con mayor riesgo de incumplimiento en el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) son, por ejemplo, la industria automotriz, siderúrgica y la construcción.
“Hay sectores de la producción que son muy evasivos. Por ejemplo, el sector de la industria de la construcción por el tipo de relación laboral que se da, son bastante omisos en esos cumplimientos”, comentó.
Al subrayar que la función de la Profedet es representar a los trabajadores y sindicatos en los conflictos frente a los patrones, Morales Vázquez enfatizó que el pago de utilidades es un derecho constitucional, establecido además en la Ley Federal del Trabajo (LFT), y advirtió que las empresas que incurran en incumplimiento –la fecha límite es el 30 de mayo– podrán ser acreedoras a multas de hasta 565 mil 700 pesos.
Foto José Antonio López /Archivo
Recordó que si una empresa reportó ganancias durante 2024, el 10 por ciento de estas deben repartirse entre los trabajadores. Además, dijo que también existen reglas reguladas por la LFT, que establecen el techo máximo de tres meses de salario o el promedio de los montos de utilidades recibidos en los últimos tres años. No obstante, subrayó, debe aplicarse lo que resulte más favorable al trabajador.
En caso de que los patrones se niegan a pagar, mencionó, el trabajador cuenta con un año para exigir su derecho a través de una denuncia ante Inspección Federal del Trabajo para que se establezca la sanción que señale la ley, y ante la Profedet para iniciar un proceso laboral para reclamar su pago.
