Los legisladores colombianos Iván Name y Andrés Calle fueron detenidos este miércoles por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el marco de la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, informó la máxima instancia judicial.
Los parlamentarios son acusados de recibir sobornos por cerca de un millón de dólares provenientes del órgano estatal de emergencias, a cambio de ayudar a aprobar las reformas del Ejecutivo.
"La Sala consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad (...) entre tanto avanza la investigación en su contra", dijo el alto tribunal en un comunicado. También pidió la suspensión de las funciones de ambos políticos.
El desvío de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se destapó el año pasado, cuando investigaciones periodísticas acusaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira.
Name y Calle son procesados por los delitos de cohecho y peculado, acusados de haber recibido sobornos -pagados con dinero que originalmente debía destinarse a urgencias climáticas en algunas de las regiones más pobres del país- para agilizar el trámite de las reformas laboral, sanitaria y pensional del gobierno.
El presidente Petro negó que Name apoyara sus proyectos, la mayoría de ellos rechazados por el Congreso.
"Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo", dijo en X el mandatario en un mensaje que luego borró.
Este entramado de corrupción salpica a altos funcionarios del primer gobierno izquierdista del país como a otros parlamentarios, aliados y opositores.
Name, del opositor Partido Verde, y Calle, del partido Liberal y aliado de Petro, han insistido en su inocencia.
"Soy el primero en solicitar (...) las consecuencias de la justicia para quienes obraron ilícitamente", dijo Name en un comunicado en X a finales de abril.
Las confesiones a la fiscalía el año pasado de dos antiguos altos funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, condujeron hasta los políticos.
Pinilla, condenado a cinco años de cárcel, admitió haber recibido dinero y aseguró que los parlamentarios fueron sobornados.
Varios funcionarios de Petro también están salpicados por el escándalo. Entre ellos, Sandra Ortiz, exjefa de la entidad encargada de asegurar recursos para las regiones. Según las denuncias, ella llevaba el dinero a Name.
La justicia también investiga a los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla -este último acusado de tener conocimiento del desvío de 200 mil dólares en tres contratos relacionados con el entramado- cuya renuncia pidió el presidente.
