Ciudad de México. Andrés García Repper, integrante del extinto Comité de Evaluación del Poder Legislativo, defendió el trabajo de dicha instancia, al señalar que aunque una veintena de candidatos al Poder Judicial han sido impugnados, por supuestamente no cumplir requisitos de elegibilidad, las capacidades de revisión de los encargados de seleccionar a los aspirantes eran limitadas.

En entrevista con La Jornada, el abogado señaló que el comité llevó a cabo un proceso completo de revisión documental de los candidatos, tanto de los que se inscribieron ante el Poder Legislativo como los que lo hicieron ante el Poder Judicial, cuyos miembros –recordó-- después renunciaron y “soltaron el arpa para no hacer nada”.

Tras esa primera revisión, el comité pidió información de los aspirantes a instancias como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, para determinar si las candidatos tenían algún auto de vinculación a proceso, responsabilidad administrativa, multa o inhabilitación, así como para determinar si no eran violentadores de mujeres o deudores alimentarios, entre otras faltas.

Además de ello, dijo García Repper, “hicimos la evaluación curricular, la de su ensayo, revisamos la carta bajo protesta de decir verdad de que no tenían antecedentes penales. Con base en estos documentos, determinamos quienes eran idóneos, y también se abrió un periodo para que la gente se pronunciara y nos informara quienes consideraban que no eran aptos” para el cargo, aunque los señalamientos que llegaron no estuvieron acompañados de pruebas.

No obstante, aun así hubo casos cuya revisión escapó de las facultades de los seleccionadores, como el de una persona candidata que al parecer estuvo presa cinco años en Estados Unidos por narcomenudeo, y después fue servidora pública en una entidad federativa.

“El comité no tenía la facultad, porque no sería práctico, de emitir boletines a todas las embajadas de todas la naciones del mundo con la lista de los 12 mil aspirantes, para que cada uno de esos países hiciera una revisión en todos sus archivos para ver quién tenía antecedentes penales o no”, ejemplificó.

“Si no teníamos la información a tiempo, el comité de evaluación tampoco podría erigirse como instancia de investigación y solicitar que todas las personas  de todos las instancias nacionales revisaran para nosotros a los 12 mil candidatos. Nosotros hicimos lo que la ley electoral y la Constitución nos ordenaba: revisar los documentos y esperar información”, subrayó.

“Entiendo que digan ‘se les colaron’. Sí, pero hay cosas que uno no puede prever, menos si nada más eres un comité que evalúas con base en documentos, pero estamos muy satisfechos del trabajo exhaustivo que hicimos”, recalcó García Repper, quien llamó a los electores a no decepcionarse del proceso y participar en él, pues por poco más de 20 aspirantes impugnados –cuya responsabilidad además no ha sido probada-- hay miles más cuyo proceso de revisión fue escrupuloso.

“Es un proceso que sí tiene alguna falla operativa que puede ser criticable, pero no tanto como para que la gente diga ‘no vale la pena (ir a votar el 1 de junio), porque eso sería prácticamente irse del otro lado, tener una percepción exagerada, que deja de tomar en cuenta todo el trabajo que sí se hizo, que está documentado y a la disposición de todos”, puntualizó.

García Repper llamó a no sólo “fijarse en el negrito en el arroz, que además ni siquiera está demostrado que sea el negrito en el arroz. Si se difunde la especie de que la elección es un fiasco, se desincentiva la participación ciudadana y entonces sí, puede ser que aquellas personas que tengan nexos con intereses indebidos, puedan operar más fácil su llegada a obtener cargos de elección popular”.