Las revisiones realizadas entre 1998 y 1999 a los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) estuvieron lejos de ser una auditoría, según lo expuesto por Michael W. Mackey, quien fue contratado en su momento para evaluar las deudas del rescate bancario.

Una serie de restricciones al acceso a la información, dilaciones y otros obstáculos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del propio Fobaproa y de los bancos, resultaron en un conjunto de procedimientos que no fueron suficientes para considerarlos como una auditoría financiera, según palabras del mismo informe Mackey.

En el marco de una serie de declaraciones cruzadas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –que iniciaron con una crítica al proceso de elección en el Poder Judicial y derivaron hacia el tema del Fobaproa–, el ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó que el rescate ha sido objeto no sólo de muchos estudios serios, sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente.

Sin embargo, el ex presidente omitió mencionar que dicha auditoría fue descrita por Mackey como una verdadera carrera de obstáculos. Se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue el caso, puntualiza el informe del auditor independiente, quien descartó calificar el proceso como una auditoría financiera.

Los procedimientos realizados por los despachos contratados y el trabajo adicional que hemos efectuado mediante discusiones con el Fobaproa y la CNBV no son suficientes para considerarlos una auditoría financiera del Fobaproa. Por lo tanto, no podemos expresar opinión alguna sobre los estados financieros o sobre su situación financiera, se lee en el informe entregado al Congreso (bit.ly/3GRPDfD).

Mackey explicó que, si bien las tareas de revisión le fueron encomendadas el 7 de septiembre de 1998, en ese momento se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue este el caso. La renuencia de la CNBV y del Fobaproa a entregar la información provocó retrasos considerables de al menos tres meses.

Posteriormente, surgió otro obstáculo: el secreto bancario, lo que ocasionó un retraso adicional de tres meses en las revisiones. Más aún, después de que la mayor parte de nuestro trabajo de campo estuvo terminado, se hizo evidente que las restricciones al acceso a la información fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos.

Aunque se les dio acceso a bancos formalmente intervenidos, los reguladores como la CNBV “restringieron severamente nuestro acceso a bancos intervenidos de facto”, a pesar de que éstos representaban la mayor parte del sistema financiero y de los costos potenciales del rescate.

Esta serie de obstáculos impuestos por la administración zedillista –y que en su momento fueron oportunamente publicados en el informe presentado al Congreso– llevaron a Mackey a concluir que como resultado, quizá hayamos subestimado el costo fiscal último y probablemente llegamos a una conclusión demasiado generosa respecto a la efectividad del régimen regulatorio.