Ciudad de México. Luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco repudió la versión del fiscal general Alejandro Gertz sobre lo encontrado en el rancho Izaguirre, al señalar que “no hay una sola prueba que acredite que se usó como un lugar de cremación” como lo dieron a conocer los buscadores de personas desaparecidas, Amnistía Internacional México urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a escuchar a las familias.

“Exigimos que se reconozcan sus pruebas, se incluya a peritos independientes y se investigue a funcionarios por posibles omisiones. El país no puede tolerar más zonas de impunidad”, enfatizó en redes sociales.

Por otra parte, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llamó a fortalecer las acciones encaminadas al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas víctimas directas de desaparición y sus familiares.

En un comunicado, expresó su “profunda preocupación por la grave situación que representa el fenómeno de desapariciones que vive nuestro país”. Refirió que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta marzo del 2025, se contabilizaban 125 mil 232 personas en esta condición.

Reconoció los esfuerzos del gobierno federal por consolidar un diálogo con familias y colectivos de búsqueda, pero enfatizó que resulta fundamental que no sólo se les escuche en la etapa previa a la emisión de una reforma legislativa o política pública, sino que se garantice su participación permanentemente mediante mecanismos de seguimiento y mejora.

La Federación señaló que este fenómeno es multifactorial y es responsabilidad no sólo de las comisiones de búsqueda y fiscalías, sino también de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y en general de todas las instituciones del Estado mexicano.