Ciudad de México. La labor de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, en Guerrero, es un reflejo de que los movimientos sociales en defensa de la tierra existen en el país para luchar contra la imposición de megaproyectos, por lo que su muerte debe ser esclarecida, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que registró el asesinato de 25 ambientalistas en 2024.

Itzel Arteaga San Germán, abogada del Cemda, recapituló, en entrevista con La Jornada, que Suástegui, conocido como El Tigre, fue baleado el pasado día 18 por un desconocido en playa Icacos, mientras trabajaba. Señaló que el defensor falleció el viernes pasado, y hasta ahora las autoridades no han sido capaces de determinar quién fue el agresor, ni avanzar los motivos del ataque.

Pese a los riesgos que implicaba su labor contra la hidroeléctrica La Parota, lamentó que el ambientalista no contaba con ningún tipo de protección del gobierno federal, como Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Un día antes del fallecimiento de Suástegui, el Cemda publicó su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el que reportó la muerte de 25 en 2024. La organización registró 94 eventos de agresión, y señaló que las comunidades indígenas y campesinas fueron las más afectadas.

Al lamentar la muerte del líder comunal, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, condenó en redes sociales cualquier acto de violencia contra defensores ambientales, “los que dan la vida por la vida”, y urgió a protegerlos por todos los niveles de gobierno.

Arteaga San Germán llamó a las autoridades del país a crear mejores políticas públicas para garantizar acceso a la justicia para las personas defensoras y para proteger sus vidas, y en el caso de Suástegui, aún queda su familia, que también se dedica a la protección de las tierras.