Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió ordenar la anulación de un contrato de compra de armamento militar, incluidas más de 15 millones de balas, a la empresa israelí IMI Systems, con la que había acordado el pago de más de 6.6 millones de euros, a fin de evitar una crisis en su coalición de izquierda, donde Sumar, un conglomerado de partidos entre los que figuran Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE), amenazó con salirse del Ejecutivo.

El gobierno de Israel condenó enérgicamente la decisión de España.

Si bien el propio Pedro Sánchez, como el resto de miembros de su gabinete, se comprometió a no realizar ningún acuerdo comercial de abastecimiento de material militar con empresas israelíes en congruencia con la denuncia española de la política genocida de Tel Aviv en la franja de Gaza, el ministerio del Interior, presidido por el ex juez Fernando Grande-Marlaska, firmó hace sólo unas semanas este acuerdo de compraventa y tenía previsto culminar las negociaciones para nueve más.

El primero de 40 que sí prosperaron

El Centro de los Estudios por la Paz asegura que el gobierno español ha realizado 40 adjudicaciones a empresas militares israelíes, a sus filiales o intermediarias desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha, por un valor total de mil 41 millones de euros (26 mil millones de pesos).

Al estallar la crisis, desde el gobierno se informó que tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí.

El líder de IU, Antonio Maíllo, aseguró que los acuerdos de gobierno deben cumplirse: no se puede comprar material a un Estado que masacra al pueblo palestino. Celebramos la rectificación.

El ministerio del Interior informó que fue advertido por el abogado del Estado de que romper el contrato supondría pagar el importe total sin recibir el cargamento, por la cláusula de cancelación del propio contrato. Para salvar este problema las autoridades españolas denegarán a la empresa israelí el permiso para importar el material de defensa por motivos de interés público, tras lo cual el ministerio del Interior rescindirá el contrato y los abogados del gobierno responderán a cualquier reclamación legal posterior.

Israel condena enérgicamente la decisión del gobierno español de rescindir un contrato firmado con la empresa de defensa IMI Systems, así como su anuncio de que en el futuro se abstendrá de concluir acuerdos de defensa con empresas israelíes, afirmó un portavoz de la cancillería israelí y añadió que el gobierno de España está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío, que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes.