La sentencia absolutoria que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala otorgó a Keren Selsy Ordoñez para conseguir su libertad, tras nueve años de estar injustamente presa en ese estado, “sienta un precedente” para la revisión de otros casos similares con perspectiva de género, aseveró la defensa legal de la joven.
Detenida, torturada y encarcelada por secuestro, un delito que no cometió, Keren reiteró su exigencia de justicia y aseguró que su lucha será constante, ya que si bien no hay la posibilidad “automática” de acceder a una reparación del daño, se evalúan acciones legales que se pondrán en marcha.
Reprochó las injusticias y la tortura de la que fue víctima por parte de policías locales –a la fecha ninguno ha sido detenido– tras su aprehensión el 11 de diciembre de 2015 y externó su indignación, “porque nadie me va a regresar esos nueve años y cuatro meses que yo perdí y no ver a mi hija crecer”.
Con la voz temblorosa, la joven recordó las amenazas de las que fue objeto para aceptar su culpabilidad: "Me decían que si yo no firmaba iban a matar a mi hija. Cuando me la enseñaban, le ponían la pistola en la cabeza".
Ayer en conferencia de prensa, acompañada de familiares y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), organización que acompañó su caso, Keren expresó que el poder abrazar a su hija y sus padres fue uno de los momentos más felices luego de su liberación, “el recuentro con ellos fue inexplicable, una felicidad inmensa”.
Señaló que buscarán que su hija –quien tenía un mes de nacida cuando Keren fue detenida– sea reconocida como víctima, porque fue trasladada de manera indebida de Xalapa, Veracruz a Tlaxcala, entregada al DIF estatal y devuelta 12 días después a su familia “en condiciones muy lamentables que pusieron en riesgo su vida”.
Externó que su deseo es estudiar la carrera de Derecho en un futuro, ya que hay más mujeres “que llevan 15 años sin una sentencia” y privadas de la libertad bajo circunstancias similares a las que enfrentó.
Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh, indicó que en México no existe una figura jurídica para “el error judicial”, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar la tortura que Keren sufrió, pues es un delito que no prescribe.
En este sentido recordó que existen dos investigaciones abiertas abiertas por las graves violaciones a los derechos humanos de la joven: una iniciada en 2017 en la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala por tortura y otra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2022; en ambas, dijo, “no se han reportado avances sustanciales”.
