Santiago. Al menos 47 camiones y cinco retroexcavadoras fueron quemadas la madrugada del domingo por encapuchados armados que atacaron las instalaciones de una central hidroeléctrica en construcción, en la región del Biobío, en el sur de Chile, una de las tres donde tiene lugar el llamado conflicto por la recuperación de sus tierras ancestrales entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno.
Hasta la noche del domingo ninguna de las seis organizaciones rebeldes mapuche que operan alzadas en armas ahí y en las aledañas regiones de la Araucanía y de Los Ríos, había reclamado públicamente la autoría del ataque.
Pero por su magnitud, el daño causado y la importancia del proyecto atacado, fue considerado como probablemente el más efectivo desde que hace 25 años comenzaron las acciones de sabotaje incendiarias, principalmente dirigidas en contra de la industria forestal que explota ese amplio territorio de unos 73 mil kilómetros cuadrados, donde hay unos 4 millones de hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que “dada la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar que reivindican una asociación terrorista, el gobierno se va a querellar por Ley Antiterrorista”.
El presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en X, también se pronunció por este caso. “El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia”.
En junio de 2023, el gobierno de Boric creó una Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuya misión es “construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial”, impulsando el diálogo y acuerdos con los sectores involucrados sobre la base de un diagnóstico consolidado, “para arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche”.
