Madrid. Más de nueve meses después de su presentación y casi dos años después del agravamiento de la crisis humanitaria en las Islas Canarias, finalmente el Parlamento español aprobó el decreto impulsado por el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, para reformar la ley de Extranjería e iniciar el reparto de los más de cuatro mil 500 menores de edad no tutelados que se encuentran viviendo en condiciones de hacinamiento. 

La iniciativa contó con el apoyo de los partidos políticos de la izquierda parlamentaria, además de la derecha nacionalista del País Vasco y Cataluña, que fueron cruciales para sacarlo adelante, con una votación final de 179 votos a favor y 170 en contra. 

El derechista Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox votaron en contra, a pesar de que el PP gobierna en 13 de las 17 comunidades autónomas del país, que son las que tendrán la responsabilidad de tutelar a los menores.

El ministro de Política Territorial del gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, explicó durante su intervención que hay que tener “altura de miras” para atender un problema tan grave como el del hacinamiento de los menores de edad extranjeros, que calificó de “crisis humanitaria”. Y que el sistema del reparto se hará en virtud de la densidad de población, renta per cápita, tasas de desempleo y esfuerzo realizado en el pasado.

Esto hace que Madrid sea la comunidad que más menores deberá asumir, 806, seguida de Andalucia, 724, y Aragón, 524, mientras que Cataluña la que menos, con 26 de los cuatro mil 400 menores que se repartirán.