La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha iniciado un conjunto de reuniones con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y el lunes sostendrá un encuentro con Indira Navarro, de Guerreros Buscadores, quienes denunciaron el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco –presunto centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación–, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Va a estar Gobernación, con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, reuniéndose durante todo el mes, comentó en la mañanera; puntualizó que Navarro ya ha tenido algunos acercamientos con Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum señaló que en los primeros encuentros, los colectivos expresaron su deseo de aportar algunos temas a las iniciativas de ley que envió al Congreso con la finalidad de fortalecer las estrategias para enfrentar el problema de los desaparecidos en México. Por ello, dijo, se solicitó a los legisladores que esperen un poco en su dictaminación para modificar e incorporar propuestas de las agrupaciones de familiares de víctimas, pues evidentemente hay diálogo.

En 14 años, 24 asesinados

De febrero de 2011 a abril del 2025, al menos 24 buscadores han sido asesinados en el país, según un recuento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) –integrado por 90 colectivos– y una revisión hemerográfica. En un informe, el organismo advierte que las agresiones contra familiares de desaparecidos han aumentado en los últimos años, y en su mayoría los ataques son contra mujeres.

En el documento, que en febrero pasado se entregó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el MNDM señala que hasta octubre de 2024 se registraron 22 asesinatos de buscadores, a los que se suman dos de este año: Magdaleno Pérez Santés, asesinado por agentes municipales de Poza Rica, Veracruz, el 11 marzo, y Teresa González Murillo, el pasado día 2, tras un ataque con arma de fuego en Jalisco.

Del total de 24 homicidios, 16 se perpetraron de 2019 a la fecha: cinco en Guanajuato, dos en Sonora, dos en Jalisco y uno en Zacatecas, Puebla, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, en un comunicado difundido ayer, el MNDM reconoció la apertura del gobierno federal para construir colaborativamente un esquema que permita establecer un proceso de diálogo que incluya las distintas plataformas y redes que tienen las familias de víctimas.

Aclaró que la reunión del miércoles pasado en Gobernación fue resultado de un proceso iniciado desde octubre de 2024. No fue una mesa de trabajo, sino un acercamiento de posiciones que buscan establecer un proceso que garantice la participación plural de las familias y colectivos en la aplicación de una política de Estado que atienda la crisis de desaparición.