Washington. Un juez federal señaló este jueves que el gobierno del presidente Donald Trump pudo haber "actuado de mala fe" en su intento por sacar a toda prisa a los migrantes venezolanos del país antes de que un tribunal pudiera bloquear sus deportaciones a El Salvador.

El juez de distrito James "Jeb" Boasberg, en Washington, exigió a un abogado del Departamento de Justicia que explicara las acciones del gobierno durante una importante audiencia judicial para determinar si la Casa Blanca ignoró sus órdenes de que los aviones que trasladaban a los migrantes a El Salvador regresaran a Estados Unidos.

El magistrado aseguró que podría emitir un fallo incluso a partir de la próxima semana sobre si hay motivos para declarar a alguien en desacato de la corte por desafiar la orden judicial.

El caso se convirtió en un punto álgido en una disputa entre el poder judicial y gobierno federal en medio de las crecientes frustraciones de la Casa Blanca por las órdenes judiciales que bloquean partes fundamentales de la agenda general del mandatario. Trump ha exigido que el juez sea destituido, mientras que el Departamento de Justicia argumenta que el juez está excediendo su autoridad.

Boasberg ordenó hace unas semanas al gobierno que no deportara a ninguna persona bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual se estableció en tiempos de guerra en 1798 y que invocó Trump por lo que calificó como una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El juez también ordenó que cualquier avión con inmigrantes venezolanos que estuviera en el aire regresara de inmediato a Estados Unidos, lo que no sucedió.

Boasberg, a quien designó en el cargo el expresidente Barack Obama, indicó que aparentemente el gobierno había intentado sacar a los deportados del país lo más rápido posible antes de que un tribunal pudiera intervenir. Le afirmó a un abogado del Departamento de Justicia que sospecha que el gobierno pudo haber "actuado de mala fe durante todo ese día".

“Si realmente creían que cualquier cosa que hicieran ese día podía sobrevivir a una impugnación judicial, me cuesta trabajo creer que hubieran actuado de la manera en que lo hicieron", añadió Boasberg.

El Departamento de Justicia aseveró que el gobierno no violó la orden del juez, argumentando que no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos al momento en que se emitió la orden. La dependencia también señaló que la orden escrita del juez no decía nada sobre los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos y que, de cualquier forma, el juez no tenía la autoridad para obligar al presidente a ordenar que los aviones regresaran al país.

El gobierno también se negó a responder a las preguntas del juez sobre cuándo fue que aterrizaron los aviones y quién estaba a bordo, argumentando que esas cuestiones son "secretos de Estado".