Sidronio Casarrubias Salgado, ex líder del grupo criminal Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promovió una demanda de amparo en la que acusó “tortura y tratos crueles e inhumanos” en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano.

Señaló que las agresiones se perpetraron el 18 de febrero pasado entre 11:00 de la noche y hasta la madrugada del 19 de febrero 2025 en su estancia, “por agentes de seguridad y custodia”, quienes “me aplicaron llaves dislocando mi espalda hasta la cabeza y desnudaron completamente. Me sometieron a recoger basura agachado y me golpearon los testículos y pene y próstata”.

Por lo anterior, alegó Casarrubias, “aún sigo con fuertes dolores y no puedo dormir y sangrado, de sangre coagulada”.

Hizo responsable a las autoridades del Altiplano “y al coordinador y directores general de seguridad y custodia y técnico y oficiales de todos los rangos de seguridad y custodia y al jefe de servicio médico y varias doctoras”.

Ofreció como prueba “las cámaras videograbaciones que cuenta este centro Altiplano que es la guardia nacional en módulo de control de videograbaciones y cámaras y el resguardo de videograbaciones esto sucedió en el Modulo I sección 1-A estancia 6 y testigo del mismo pasillo 1-A y el vecino de la estancia (5) testigo ocular y presencial Fidencio Córdova Pérez”. 

Asimismo, solicitó que se le practique protocolo de Estambul, para acreditar la tortura. 

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ratificó la suspensión de plano concedida a Casarrubias por el juzgado primero de distrito para efecto de que cesen los actos de tortura y ordenó a un actuario judicial que se traslade al Altiplano para entrevistar al quejoso.