Washington. Funcionarios de Donald Trump defendieron el domingo su uso de poderes de guerra extraordinarios para deportar a decenas de migrantes, a pesar de que un juez bloqueó la medida y Venezuela negó las afirmaciones estadunidenses de que los expulsados eran miembros de pandillas.

"Es una guerra moderna, y vamos a seguir luchando contra eso y proteger a los ciudadanos estadunidenses", dijo la fiscal general Pam Bondi en la cadena Fox News.

Bondi señaló que la decisión de deportar a El Salvador a 137 migrantes venezolanos el pasado fin de semana estaba justificada porque eran miembros de la temida banda Tren de Aragua y suponían un riesgo para la seguridad.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, sin embargo, dijo el viernes que ninguno de los deportados a El Salvador era miembro de la banda, que Washington ha declarado grupo terrorista. Familiares y defensores de inmigrantes de algunos de los hombres también han negado cualquier vínculo.

El juez de distrito James Boasberg dijo el viernes que continuaría investigando si el Gobierno violó su orden de bloquear temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para las deportaciones, después de que no logró que los dos vuelos que transportaban a los venezolanos volvieran a territorio estadounidense.

La decisión de deportar a los migrantes venezolanos a pesar de la orden del juez que bloqueaba la medida fue vista por algunos juristas como una escalada en la confrontación de Trump con el poder judicial.

Pero el "zar" fronterizo Tom Homan declaró al programa This Week de ABC News que a los venezolanos se les había concedido el debido proceso, de acuerdo con las leyes vigentes.

Homan dijo que no desafiaría la orden de Boasberg, pero reiteró que el Gobierno continuaría tomando medidas enérgicas contra lo que considera amenazas para Estados Unidos.

"Vamos a seguir deteniendo las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional", dijo Homan. "Seguiremos persiguiendo a lo peor de lo peor".

Bondi criticó a los jueces por interferir con la agenda del Gobierno federal.

"Estamos en los tribunales todos los días, peleando contra estos jueces activistas. No vamos a parar. Muchos de ellos deberían ser recusados de estos casos", señaló. "Serán recusados de estos casos".