Ciudad de México. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como más de 150 organizaciones y colectivos nacionales e internacionales repudiaron “la campaña de desprestigio y criminalización que hacen al unísono gobiernos corruptos y grupos delictivos en contra de las madres, padres y familias buscadoras”, luego del hallazgo de restos humanos y cientos de prendas y objetos en el rancho Izaguirre, en Jalisco.
En una carta, hicieron suyo “el luto que inunda los campos y las ciudades ante las más de 124 mil personas desaparecidas” en el país, y expusieron que dicha campaña está dirigida “a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán”.
Señaló que aunque las autoridades “le llamen como quieran y pretendan justificarlo criminalizando a las víctimas, es un centro de exterminio al servicio del capital, el mismo que sostienen y protegen quienes dicen gobernar este país”.
El CNI, el EZLN y las demás organizaciones se dijeron “indignados” por “como esta estrategia de desprestigio y criminalización es la similar a la que los militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 (normalistas) de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado”.
Consideraron que los cárteles criminales y sus grupos armados, “de manera notable el cártel Jalisco Nueva Generación, son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”.
Señalaron que estos grupos criminales “son también los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que ejecutan la obra pública y administran municipios, regiones y estados enteros, los que apuestan a la privatización de la tierra y le ponen precio, los que dividen y confrontan a nuestras comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas, los que administran y operan la trata de seres humanos, los capataces del trabajo esclavo en maquiladoras y agroindustrias, los que hacen de la muerte de niños y jóvenes su estrategia de expansión”.
En la misiva, igualmente apuntaron que “los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece”.
Responsabilizaron “al Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras”, y enfatizaron que la lucha de estas personas “es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía que son raíz de la esperanza colectiva”.
Llamaron a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria para exigir justicia. “Porque en la memoria de nuestros desaparecidos está la semilla de un mundo nuevo, donde el capital no gobierne, donde la vida valga más que el dinero y donde los pueblos florezcamos libres”.
