El Gobierno de la Ciudad de México tiene identificadas al menos 2 mil 500 hectáreas de suelo de conservación invadidas por asentamientos humanos irregulares, superficie equivalente a tres veces el Bosque de Chapultepec en sus cuatro secciones.

En entrevista para La Jornada, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, señaló que la meta es liberar todo este territorio durante la actual administración y no permitir que se ocupe ni un metro cuadrado más de área verde.

La problemática –añadió– se concentra principalmente en alcaldías del sur como Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, pero también se extiende en las barrancas de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, con una complejidad adicional, pues la población se coloca en una situación de alto riesgo al invadir las laderas.

Comentó que cada invasión es distinta, pero hay patrones que se repiten. En algunos casos, añadió, los propios comuneros y ejidatarios venden sus propiedades para obtener un ingreso, pero en otros son organizaciones promotoras de vivienda o grupos de la delincuencia organizada que bajo amenazas despojan y se apropian de las tierras, que venden con documentos apócrifos y engañan a la gente.

En todos los casos se trata de una acción ilegal, porque en suelo de conservación está prohibida la construcción de vivienda, es decir, no hay un uso habitacional, por lo que tarde o temprano serán retirados. Hay mucha gente que compra de buena fe, pero les pedimos que no se dejen engañar, el suelo de conservación no está en venta, expresó.

Señaló que en esta administración se han realizado nueve operativos, en los que se han recuperado 176 hectáreas invadidas en suelo de conservación en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, con la participación de distintas dependencias, federales y locales, en los que se han abierto carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por amenazas, despojo y delitos ambientales.

Cuando hacemos la recuperación del suelo, además de retirar los materiales, colocamos letreros para advertir que se trata de suelo de conservación y que es un delito construir ahí. Y se hace un censo de quiénes vivían ahí para que las familias sean consideradas como solicitantes de viviendas, pero también para exigir que quienes las defraudaron reparen el daño, expuso.

Aseguró que se tiene un sinnúmero de procedimientos administrativos ambientales abiertos, por lo que cada ocho días hay una mesa de trabajo con las distintas dependencias competentes, para proceder a la recuperación de las áreas verdes. Nos apoyamos en los datos del censo poblacional del Inegi y un sistema de georreferencia vía satelital que nos indica los movimientos, semana por semana, y corroboramos con inspecciones en campo.

Cuando se detecta una construcción, el personal solicita el documento de uso de suelo, y como no es habitacional, no pueden demostrarlo, después se abre el proceso administrativo que puede durar alrededor de tres meses y se ejecuta una orden de demolición o retiro de materiales, apuntó.