La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal establecer condiciones que permitan a las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (LP) operar de manera rentable, pues advirtió que existe un riesgo de desabasto por el control de precios del energético.

El organismo del sector privado señaló que debido a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fija los precios máximos desde agosto de 2021, la continuidad del servicio está en riesgo, pero también está generando impactos negativos como la reanudación de la cobertura de la distribución, lo cual afecta a las comunidades que dependen del gas doméstico como principal fuente de energía; a su vez esto propicia que el mercado ilegal, que es controlado por grupos dedicados a la distribución

clandestina de combustibles (huachigas); pérdida de empleos; riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo; así como un retroceso en el acceso a energéticos modernos.

Abundó que la Tarifa de Distribución representa hasta el 50 por ciento del precio final del energético, por lo que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio.No obstante, la CRE no está tomando en consideración los costos reales de distribución.

Recordó que el sector de distribución enfrenta desafíos significativos, pues cada mes, las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de seguridad.

“Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación”, indicó.

La Coparmex reconoció que garantizar el acceso del gas LP en condiciones justas y equitativas requiere un entorno que promueva la inversión, la certidumbre jurídica y la libre competencia.

“Las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio”, señaló.

No es la primera ocasión en que el sector privado pide a las autoridades tomar en cuenta la Tarifa de Distribución en cuenta, pues en días recientes la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) ha insistido también en esto.