Ciudad de México. Las agrupaciones Yureni y el Colectivo Mujer y Utopía aseguraron que existe una falta coordinación efectiva entre autoridades estatales de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, así como la ausencia de perspectiva de género para investigar los crímenes contra mujeres y niñas, sobre todo los relacionados con la trata.
En un pronunciamiento conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) precisaron que han “documentado y denunciado sistemáticamente las rutas utilizadas por redes de trata de personas con fines de explotación sexual y la violencia feminicida en la región de Oaxaca-Puebla-Tlaxcala”, vías que han sido confirmadas por organismos nacionales e internacionales.
En septiembre de 2022, ante la Comisión Especializada de Desapariciones de la ONU presentaron un informe sobre las desapariciones de mujeres y niñas en esas entidades, y su relación con otros delitos por razón de género. “Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente, permitiendo que estas violencias se profundicen en total impunidad.”
Subrayaron que una de las “grandes deudas” del Estado Mexicano con las mujeres es la realización de un análisis de contexto con perspectiva de género sobre la regionalización de las desapariciones. “Hemos advertido la interconexión entre desapariciones, trata de personas -principalmente de mujeres con fines de explotación sexual-, feminicidios, la presencia del crimen organizado y otras formas de violencia en la región.”
La falta de coordinación interestatal para enfrentar esta crisis “ha favorecido su agravamiento, incrementando cada año las violaciones a los derechos humanos”, afirmaron.
Recordaron que durante la primera semana de marzo, “dos eventos trágicos e impunes han evidenciado la brutal realidad de las desapariciones en México. Entre el 1 y el 3 de marzo, se localizaron los cuerpos de al menos ocho jóvenes con evidencias de tortura en un vehículo abandonado en la carretera Oaxaca-Puebla. La desinformación y el manejo errático del caso han contribuido a la criminalización de las víctimas y a la revictimización de sus familias.
“Días después, el 7 y 8 de marzo, se descubrió un posible campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, con 400 pares de zapatos y varias maletas, evidenciando la desaparición masiva de personas. Este hallazgo no fue producto de investigaciones oficiales, sino del incansable esfuerzo de familias de personas desaparecidas, las que ante la inacción del Estado han asumido la búsqueda de justicia y verdad.”
Esos hechos, aseguraron, “reflejan la magnitud de la crisis de desapariciones en México y la urgente necesidad de una respuesta estatal efectiva, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.”
Las organizaciones exigieron al Estado mexicano investigaciones con perspectiva de género, garantizando un acompañamiento adecuado y sensible a las familias de las víctimas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la justificación de estos crímenes.
Demandaron también la coordinación efectiva de las autoridades de la región Oaxaca-Puebla-Tlaxcala para atender los crímenes de tortura, homicidios, feminicidios y otras formas de violencia, como la trata de mujeres con fines de
explotación sexual y las desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como que “se garantice a las víctimas y a sus familias el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición de estos hechos atroces.”
