Guadalajara, Jal. La fiscalía de Jalisco ha detectado hasta el momento seis lotes de restos óseos en cuatro espacios del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, presuntamente utilizado como narcocampamento por el cártel Jalisco Nueva Generación; además identificó un área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico.

También ha clasificado la ropa de quienes estuvieron en el lugar, además de analgésicos y medicamentos para enfermedades crónico degenerativas, esponjas de baño, sandalias, pesas para hacer ejercicio y otro tipo de objetos.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, acudió ayer al sitio, casi una semana después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en éste tres crematorios clandestinos, huesos humanos calcinados, así como cientos de prendas, zapatos y artículos personales.

Señaló que la Fiscalía General de la República fue invitada a formar parte de las investigaciones que se realizan en la finca; “hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal”, dijo.

González de los Santos recorrió el inmueble junto a la secretaria estatal de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez; la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera Martínez; además estuvo presente el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.

El rancho fue descubierto por la Guardia Nacional el 18 de septiembre pasado y en éste fueron detenidas 10 personas que siguen sujetas a proceso penal; los agentes encontraron ahí dos personas privadas de su libertad y un cadáver cubierto con plástico.

El mando y conducción de las investigaciones se le otorgó a la fiscalía de Jalisco, que al día siguiente supuestamente realizó un rastreo en el predio con una retroexcavadora y binomios caninos.

Sin embargo, ésta no reportó los hallazgos que hicieron los buscadores seis meses después (el 5 de marzo), situación que ha generado dudas sobre el desempeño de las autoridades estatales entonces encabezadas por el emecista Enrique Alfaro, por lo que se ha iniciado una indagatoria para determinar “posibles omisiones” y fincar responsabilidades.