Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá aranceles de represalia a los países que impongan impuestos digitales a las empresas tecnológicas estadunidenses.
Cuando se le preguntó si firmaría una orden sobre impuestos digitales, Trump dio una respuesta afirmativa.
“Vamos a hacer eso, lo digital. Lo que nos están haciendo en otros países es terrible con lo digital, así que vamos a anunciarlo”, dijo el presidente el viernes.
A principios de este mes la Casa Blanca publicó una hoja informativa según la cual “aunque Estados Unidos no tiene tal cosa, y sólo Estados Unidos debería tener permitido gravar a las empresas estadounidenses, los socios comerciales entregan a las empresas estadounidenses una factura por algo llamado impuesto a los servicios digitales”.
“Canadá y Francia utilizan estos impuestos para recaudar cada uno más de 500 millones de dólares (estadounidenses) por año de las empresas estadounidenses”, dijo la Casa Blanca.
“En general, estos impuestos no recíprocos cuestan a las empresas estadounidenses más de 2 mil millones de dólares por año”.
En los últimos años, varios países europeos han presionado activamente para que se impongan impuestos digitales a las operaciones de grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Apple y Meta en sus países, algo a lo que Estados Unidos se ha opuesto firmemente.
Durante su primer mandato, Trump inició una “investigación 301” sobre los impuestos a los servicios digitales de varios socios comerciales, acusando a estas medidas fiscales de afectar injustamente a las empresas estadunidenses.
Después de que Joe Biden asumiera el cargo, Estados Unidos llegó a un compromiso con Austria, Gran Bretaña, Francia, Italia y España sobre la disputa fiscal por los servicios digitales en octubre de 2021, y acordó resolver la cuestión en el marco del acuerdo fiscal global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pero en su primer día de regreso al cargo, el 20 de enero, Trump firmó un memorando presidencial en el que afirmaba que el acuerdo global sobre el impuesto mínimo corporativo alcanzado en el marco de la OCDE “no tenía fuerza ni efecto” en Estados Unidos, retirándose efectivamente del acuerdo que la Administración Biden había negociado con casi 140 países.
