Académicos y organizaciones sociales expresaron ayer ante diputados su rechazo al uso de organismos genéticamente modificados en la siembra de maíz, porque no sólo compromete la diversidad de semillas, sino pone en riesgo la salud de los consumidores.

En vísperas de que se conozca un ajuste a la iniciativa presidencial en materia de protección de maíces nativos, participantes en un diálogo con la Comisión de Puntos Constitucionales resaltaron que debe mantenerse la prohibición al uso de semillas manipuladas en laboratorio, mientras productores del norte del país expresaron que además se requiere garantizar la productividad y la rentabilidad de los cultivos.

“La contaminación genética es una amenaza real y con ella perderíamos más que una semilla, la soberanía alimentaria, la autonomía y la capacidad de garantizar este nutriente para las futuras generaciones”, alertó durante el encuentro Ana Laura Begier, investigadora en genética del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Expuso que si las semillas continúan contaminándose, México puede enfrentar un problema irreversible, pues “estos organismos no se detienen ante leyes, decretos y la Constitución; su naturaleza biológica les permite propagarse sin control, comprometiendo la diversidad que hemos resguardado durante siglos”.

A su vez, David Rivero Fragoso, abogado de la demanda colectiva del maíz, expresó que desde 2016, las trasnacionales han tenido la oportunidad de probar ante tribunales la seguridad o inseguridad de maíces modificados en campo.

“No hay una sola prueba de que sus maíces son seguros para el medio ambiente y la salud. En el juicio la mayor parte de las pruebas tienen conflicto de intereses, están mutiladas, incompletas, mal traducidas”, comentó.

Productores de masa y de tortillas resaltaron que las consumidas en el país son hechas, en su mayoría, con maíces híbridos y harinas, pero no hay vigilancia para impedir que lleguen productos genéticamente modificados.