Ciudad de México. El gobierno de Cuba calificó este martes la decisión del gobierno estadunidense de sacar a la isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo como un paso en la "dirección correcta", aunque subrayó su carácter limitado, pues no levantan el bloqueo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación antillana señaló en una declaración que Washington anunció la exclusión de su listado, así como uso de prerrogativas presidenciales para evitar demandas bajo el Título III de la ley Helms-Burton y la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas.

Estas acciones, según el comunicado cubano, representan una corrección necesaria a políticas coercitivas que han afectado severamente la economía de la isla y las condiciones de vida de su población.

No obstante, el gobierno cubano fue enfático al señalar que las medidas no abordan el problema de fondo: el bloqueo económico y las numerosas sanciones que continúan vigentes desde 2017. Estas restricciones incluyen la persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, las amenazas a los acuerdos de cooperación médica y la prohibición de comercio y turismo por parte de ciudadanos y empresas estadunidenses. "La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana", afirmó la declaración.

La Cancillería cubana también resaltó que la decisión llega "a punto de producirse un cambio de gobierno" en Estados Unidos y advirtió que las medidas adoptadas podrían ser revertidas en el futuro, como ha ocurrido en el pasado. Según el comunicado, este anuncio, aunque positivo, no responde al reconocimiento pleno de la verdad sobre el desempeño de Cuba en el combate al terrorismo ni al "derecho de Cuba a la libre determinación".

El gobierno cubano reiteró su disposición a desarrollar una relación de respeto y diálogo con Estados Unidos, basada en la no injerencia y el respeto mutuo. Al mismo tiempo, enfatizó su compromiso de denunciar la política de bloqueo, las operaciones de injerencia y las campañas de desinformación financiadas por el gobierno estadunidense.