Casi dos meses después de haber decretado el inicio del proceso para la elección de juzgadores, por fin el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene humo blanco, al interior y al exterior del órgano, para iniciar los trabajos respectivos.

Sin embargo, enfrentará una carrera contra el tiempo, porque esta elección debe realizarse, por mandato constitucional, el primero de junio próximo. Por lo pronto, hoy (miércoles) se instalará la comisión especial encargada de coordinar los trabajos para este objetivo.

Un día después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), precisamente relacionada a que el INE y el Senado deben continuar con la organización de este proceso extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros, el tema ocupó la mayor parte de la agenda de los 11 consejeros; esta vez, con respuestas distintas a las de semanas anteriores.

Claudia Zavala, quien había mostrado reticencia porque los consejeros del INE fueron multados supuestamente por no respetar suspensiones definitivas en contra de la reforma al Poder Judicial, señaló respecto de la obligatoriedad del instituto: hoy tenemos una decisión clara, estamos vinculados a dar continuidad al proceso electoral extraordinario para renovar cargos del Poder Judicial federal. Para el INE el tiempo es oro, especialmente en este proceso tan complejo. Como instituto no juzgamos las decisiones del tribunal, son fallos que nos vinculan y debemos cumplir.

La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, se reunió con diputados, como el preludio de la revisión de la petición presupuestal del INE, particularmente de los 13 mil 205 millones solicitados para la elección extraordinaria.

No obstante, la luz verde para la elección de juzgadores no significa necesariamente paz interna, pues se avecina esta semana una importante renuncia y posiblemente cambios derivados de ello en la junta general ejecutiva, la médula administrativa y jurídica del instituto.

Más tarde, nueve de los 11 consejeros se reunieron en privado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, declaró que ninguna autoridad puede suspender el derecho al voto de la ciudadanía, porque es la esencia misma de la democracia. El día que una autoridad detenga una elección de voto popular, preocupémonos, porque la democracia se habrá roto en el país, dijo ante autoridades electorales y legislativas de Baja California Sur.