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Familiares y ONGs exigen judicialización del caso Cristóbal Corbeiro

El migrante cubano Cristóbal Cobreiro en imagen de archivo. Foto tomada de la cuenta de X @FJEDD
El migrante cubano Cristóbal Cobreiro en imagen de archivo. Foto tomada de la cuenta de X @FJEDD
31 de octubre de 2024 18:28

Ciudad de México. Al cumplirse hoy tres años del asesinato del migrante cubano Cristóbal Cobreiro, por elementos de la Guardia Nacional (GN) en Pijijiapan, Chiapas, su familia y la organización Fundación para la Justicia llamaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) a que lleve a cabo la judicialización del caso.

Destacaron que a la fecha no hay responsables detenidos ni sancionados, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los elementos de la GN “excedieron el uso de fuerza”, al disparar contra el vehículo en el que viajaba Cristóbal.

Recordaron que aunque la corporación intentó argumentar que su actuar fue respuesta “a una agresión armada” desde la camioneta en la que también viajaban 12 migrantes más, incluidos menores de edad y una mujer embarazada, la CNDH corroboró que las víctimas no tenían armas.

Fundación para la Justicia aseguró que este caso no es aislado y refirió que en Huixtla, Chiapas, el primero de octubre pasado ocho migrantes fueron asesinados y 12 resultaron heridos, cuando militares abrieron fuego contra una camioneta con 33 personas originarias de diversos países, incluyendo niños y niñas.

En esa ocasión, enfatizó en un pronunciamiento, “nuevamente, la pretendida justificación fue ‘repeler una agresión’, aunque aún no existen pruebas que la respalden”.

En redes sociales, afirmó también que la historia de Cristóbal “es el retrato de la violencia que enfrentan las personas migrantes en México”.

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Destaca la homologación del tipo penal en los 32 estados del país. Se ha impulsado la modificación del artículo 260 del Código Penal Federal para ampliar la definición de esta práctica y establecer sanciones penales de 3 a 7 años de cárcel.

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Las vallas no impidieron el paso de los visitantes a la Catedral Metropolitana y los establecimientos; sin embargo, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López, estimó caída en ventas de al menos 60 por ciento.

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Prometió que en su administración se cambiarán las leyes para garantizar que no haya impunidad en los delitos de género. “Las mujeres en México no están solas, su Presidenta y el gobierno están con ellas”.
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