Ciudad de México. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió a las autoridades electorales decidir la asignación de espacios legislativos de manera “congruente” para que la “representación política en el Congreso de la Unión refleje la pluralidad de la votación”.

Después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se pronunciaron sobre la asignación de curules y escaños en las cámaras de Diputados y Senadores, el sector industrial del país consideró que es necesario que se respete la Constitución y el Estado de derecho.

La Concamin “exhorta respetuosamente a las autoridades electorales a decidir la asignación de espacios legislativos en congruencia y cumplimiento de los principios constitucionales de pluralidad, igualdad del voto y proporcionalidad en la representación política, de tal manera que la representación política en el Congreso de la Unión refleje fielmente la pluralidad de la votación”, señaló.

El organismo que dirige Alejandro Malagón Barragán explicó que contar con una representación plural en las cámaras es necesario para garantizar certeza jurídica, la cual “es esencial para fomentar la inversión y el desarrollo nacional, ya que proporciona un marco legal confiable y predecible”.

“El Estado de derecho impone a las autoridades la obligación de cumplir estrictamente con los preceptos constitucionales, eliminando así el margen para decisiones discrecionales”, indicó la Concamin.

El organismo subrayó que la Constitución establece que “México es una República representativa fundada en principios básicos de pluralidad, igualdad del voto y representación proporcional”.

Por lo anterior, “es crucial, que por mandato legal y por la salud democrática de la República, el Poder Legislativo refleje de manera fiel la diversidad social y la pluralidad política del país expresada en la votación del pasado 2 de junio de 2024”.

Advirtió que el trabajo legislativo sin los consensos necesarios que reflejen la realidad plural del México, “afecta seria confianza de los inversionistas nacionales e internacionales y la competitividad de México a nivel global, en perjuicio de la estabilidad económica del país y de riesgos y costos para el pueblo mexicano”.