Ciudad de México. A un año de finalizar el Título 42 y la reinstalación del Título 8, con medidas más radicales para quienes cruzan la frontera México-Estados Unidos, organizaciones sociales interpusieron un amparo contra el Estado mexicano por su participación en la política migratoria de estadunidense que restringe el derecho al asilo a personas con necesidades de protección internacional.
El amparo, promovido ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), y las clínicas jurídicas para personas Refugiadas Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana y del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, busca que el gobierno mexicano “deje de facilitar la transgresión” del principio de no devolución del gobierno estadounidense, de la Constitución mexicana y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Asimismo, el objetivo es que México publique oficialmente su política migratoria, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2022, y que –señalaron– informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo regresadas o deportadas a México desde Estados Unidos, además de transparentar las acciones de protección que lleva a cabo, toda vez que “la documentación de casos muestran una franca transgresión” a la Constitución mexicana, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley de Migración.
El Imumi y las organizaciones acompañantes señalaron que, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a 19 mil 561 personas solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos, de las cuales 25 por ciento son mujeres y uno por ciento niños, nacionales de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Con la nueva norma, que entró en vigor el 12 de mayo del año pasado, se faculta a las autoridades migratorias de Estados Unidos a procesar de manera expeditiva y expulsar de forma acelerada a personas que lleguen a la frontera sin documentos.
Acusaron que esta “no es la primera vez que el gobierno mexicano participa en violaciones a derechos de las poblaciones con necesidades de protección internacional”, ya que en diciembre de 2018 aceptó participar en el Protocolo “Quédate en México”; en marzo de 2020 en Título 42; en enero de 2023 en CBP One y desde mayo de 2023 en Título 8 (“veda de asilo”), que incluso se aplicaba antes de la pandemia.
Las organizaciones afirmaron que, desde la aplicación de la política migratoria estadunidense Título 8, han documentado casos de personas detenidas en Estados Unidos, deportadas a México, sin ser entrevistadas, además de la retención de documentos de identidad.
“A su llegada a territorio mexicano, las personas son entregadas a los agentes del INM para su detención y posterior transportación, vía aérea o terrestre, al sur del país, principalmente a Villahermosa, Tabasco, donde existen pocas organizaciones humanitarias”, explicaron.
Recordaron que desde octubre de 2023, el gobierno mexicano niega la emisión de su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, a quienes han solicitado asilo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “dejando a las personas por meses, incluso años, sin documentación migratoria oficial”, además de que el INM “les restringe las tarjetas de residencia permanente” a quienes han sido reconocidas como refugiadas.
