Tijuana, BC. Manuel Ruiz Orozco Pérez, presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública, alertó que reformar el artículo 121 de la Constitución para agregarle una fracción VI que regule la función notarial, “generará una grave incertidumbre, desigualdad y exclusión de otros gremios de profesionistas que realizan esas mismas funciones”.

Explicó que si bien es importante terminar con “el dedazo” de los gobernadores a la hora de elegir notarios, reformar la Constitución en los términos propuestos por los senadores Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, daría a los notarios “un reconocimiento constitucional” que no tendrían otros profesionistas que realizan las mismas funciones, como los corredores públicos o los consultores jurídicos.

“La función de consultor jurídico la tienen todas las personas que han obtenido una cédula profesional en la Licenciatura en Derecho, debemos reflexionar detenidamente en cuáles serían las consecuencias de tener un consultor jurídico con reconocimiento constitucional y otro que no lo tiene”.

El presidente nacional de los corredores públicos, quienes también cumplen la función de fedatarios públicos, apuntó que no sería adecuado que la Constitución regule sólo a unos -los notarios- y a otros no, porque “los corredores públicos habilitados por la Secretaría de Economía y los mediadores privados certificados por los poderes judiciales de las entidades federativas, también realizamos una función fedatario, somos también particulares investidos de fe pública”.

El abogado señaló que la preocupación de su gremio es que se apruebe la iniciativa de los senadores en los términos propuestos porque no sólo establece el examen de oposición para ser notario, sino le otorga funciones con reconocimiento constitucional como ser auxiliar en la administración de justicia, fungir como consultor jurídico, mediador jurídico o conciliador y la posibilidad de desarrollar su actividad de manera digital, “ a través de entornos digitales cerrados , operados y administrados por los colegios o consejos estatales”, entre otras.

A nombre de los corredores públicos, Manuel Ruiz Orozco Pérez dijo que es importante que se legisle en materia de fe pública pero no con una reforma constitucional “que no representa una solución integral” y por el contrario generaría “incertidumbre y violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, igualdad, libertad de trabajo y competencia económica.

La propuesta es que antes de hacer añadidos a la Constitución relacionados con la función fedataria, los legisladores convoquen y escuchen a todos los sectores involucrados.