Un grupo de vecinos de la colonia Juárez realiza una protesta para pedir la reubicación de mas de 500 migrantes que pernoctan en la plaza Giordano Bruno y otros espacios públicos aledaños, y exigieron a las autoridades albergues adecuados para las personas provenientes de otros países.
Acusaron a las autoridades de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración de ser “omisas” ante las demandas vecinales que desde hace dos años les han planteado.
Ana González, una de las representantes vecinales, señaló que han enviado múltiples oficios —mismos que exhibió— a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para que vengan atender la problemática de más de 550 migrantes, entre ellos niños, que viven en las calles en condiciones insalubres e inadecuadas.
Mencionó que la única respuesta que recibieron del INM fue que “para actuar necesitaba indicaciones de la Secretaría de Gobernación”.
Ante la nula respuesta para atender la problemática, exigieron la renuncia del titular del INM, Francisco Garduño.
A unas calles de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y a tan solo unos metros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), una treintena de manifestantes pidieron un “trato digno a los migrantes y a los vecinos de la colonia Juárez”.
En el cruce de General Prim y Versalles, de la colonia Juárez, exigieron también la liberación de las plazas públicas y calles de la zona, al tiempo que corearon: “¡la calle no es albergue, la calle no es albergue!”.
Mediante carteles, reclamaron que las condiciones en las que se encuentran los migrantes en la vía pública, además de no ser dignas al no contar con servicios sanitarios y para su aseo personal, así como para una disposición adecuada de los desechos que generan, afecta también a la comunidad.
Los vecinos pidieron una mayor coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y el federal, para se dote de los recursos necesarios para instalar albergues adecuados donde las personas de nacionalidad haitiana, salvadoreña o venezolana, principalmente, puedan esperar sus trámites migratorios.
