Xalapa, Ver. Más de cincuenta organizaciones y 70 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos exigieron al gobernador Cuitláhuac García su intervención para que la Fiscalía de Veracruz se desista de las acusaciones contra doce cafetaleros en Veracruz acusados de presuntamente participar en la quema de una bodega de la empresa Agroindustrias de México (AMSA).

Hace ocho meses, un juez ordenó la aprehensión de doce cafetaleros veracruzanos, a los cuales la empresa AMSA acusó del incendio registrado en sus bodegas el 24 de enero del 2022, en el contexto de una protesta de productores de café que se manifestaban contra los bajos precios del grano.

El 26 de mayo, cinco de los acusados fueron detenidos por la fiscalía, y debieron pasar cuatro meses en prisión antes de que el cambio en la medida cautelar les permitiera continuar su proceso en libertad. Mientras que los otros siete han debido refugiarse para no ser alcanzados por las órdenes de aprehensión.

Desde que se conoció la noticia de las órdenes de aprehensión contra los cafetaleros a partir de las acusaciones que hizo la empresa, familiares y amigos defendieron su inocencia y denunciaron las irregularidades y abuso de autoridad en que se realizaron las detenciones por parte de Policía Ministerial.

En la carta abierta, las organizaciones cafetaleras y de derechos humanos denuncian que “el sistema judicial de Veracruz no ha recibido las pruebas y testimonios de los acusados que mostrarían que no estaban en el lugar del incendio, y que no lo cometieron”. Reiteraron que la empresa AMSA presentó testimonios falsos contra los cafetaleros como una venganza por la exigencia de precios justos para su producto.

Los cafetaleros y sus familias piden al gobernador Cuitláhuac García que intervenga en el caso para que la Fiscalía –a cargo de Verónica Hernández Giadáns–, reciba las pruebas y testimonios de los acusados, y se compruebe su inocencia. Ellos buscan que la Fiscalía desista de la acusación, y se termine el juicio. Desean que los acusados obtengan su libertad plena.

Argumentaron que desde que han tenido que hacer frente a este proceso en su contra , ellos y sus familias han enfrentado problemas económicos y de salud, debido a las preocupaciones en torno a la denuncia en su contra.