San Cristóbal de Las Casas, Chis. Al menos 2 mil 300 pobladores de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, situados en las zonas sierra y frontera de Chiapas, se encuentran desplazadas desde el 15 de este mes por la narcoviolencia, lo que “apunta a una verdadera crisis humanitaria”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado difundido la noche de este martes, exigió a los gobiernos federal y estatal, “atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dieron origen al mismo”, aplicando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

“En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2 mil 300 personas en situación de desplazamiento forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia”, señaló.

Dijo que “estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población”.

Aseguró que de junio de 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas.

Recordó que el pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel, municipio de Socoltenango y Nueva América, de Chicomuselo, “se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados. Testimonios refieren la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos sicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia”.

Añadió que “con la llegada de las Fuerzas Armadas el 16 de enero, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno”.

El Frayba manifestó que “a pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada, logramos documentar la existencia de al menos 2 mil 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal”

Afirmó que los pobladores desplazados pertenecen a las comunidades de Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas, de Chicomuselo; El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro, de La Concordia, así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor, de Socoltenango.

Dijo que “todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán; algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, Campeche. Quienes no lograron salir de sus hogares son mayoritariamente personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades”.

Lamentó que “ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores, la que esté abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos, en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo`’, por lo que les recordamos el marco legal, particularmente el articulo 3 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahiuila, Raúl Vera López expresó que “esta situación no es nueva, pues hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones frontera y sierra, que sigue en aumento generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado”.