Ciudad de México. Al responder a la Fiscalía General de la República (FGR) de que impugnará la libertad condicional de ocho militares, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) salió en defensa de la determinación que siguió la jueza de Procesos Penales y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado.

Aseguró que en su momento la FGR no apeló la suspensión definitiva que otorgó un juez de distrito para que se celebrara una nueva audiencia en la que escuchara a las partes y luego decidiera cuál medida cautelar imponer. Asimismo señaló que la jueza y magistrados no otorgaron una ventaja indebida a los castrenses implicados en el caso Ayotzinapa.

La Jufed apuntó que los ocho militares, a quienes se le concedió la libertad provisional, no han sido exonerados, además de que la formal prisión que se dictó en su contra por el delito desaparición forzada de personas está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes.

“Esas 8 personas promovieron juicio de amparo y el Juez de Distrito resolvió que, como ya hay jurisprudencia obligatoria que señala que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, concedió la suspensión definitiva para que la jueza del proceso celebrara una nueva audiencia en la que escuchara a las partes y luego decidiera cuál medida cautelar imponer”.

La Jufed afirmó que la FGR y las víctimas aún disponen del recurso de apelación contra la decisión de la jueza del proceso, en la que pueden demostrar que sí justificaron la necesidad de la prisión preventiva. “En caso de que la apelación les resultara adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo con el mismo propósito”.

Añadió que si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen los militares, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva.

“Todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas ocho personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la fiscalía”.