Monterrey, NL. El Congreso de Nuevo León exigió respeto a la legalidad del nombramiento del gobernador interino.
Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI demandaron a la administración estatal "respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del Gobernador interino.
El gobierno estatal, agregó, debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso nuevoleonés.
"La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad", reprobó.
Expuso que actualmente el Estado atraviesa por momentos críticos, derivado de diversas malas decisiones y acciones de Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución.
En otro orden, dijo que es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios.
"En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado y que el gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino.
"La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial".
Aseveró que esta violación a la Ley de Egresos es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas.
"Exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición", manifestó.
"La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el gobierno del estado.
La designación del Gobernador Interino por parte del poder legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco", concluyó.
