Los recortes al presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) pondrían en riesgo la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), advirtió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Explicó que el nuevo código, promulgado el 7 de junio pasado, establece nuevas obligaciones para los juzgados y tribunales que tienen que ver con la oralidad, la digitalización de expedientes, comunicaciones y notificaciones electrónicas, lo que implica modificación de su infraestructura, modernización de equipo, contratación y capacitación del personal.
El artículo segundo transitorio del decreto respectivo establece que todo el nuevo sistema debe estár listo y funcionando el primero de abril de 2027.
Para ello, en el artículo sexto transitorio se establece: “En el caso de la Federación, la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la estimación de ingresos aprobados para cada ejercicio fiscal, y con base en los principios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía, contemplará en los ejercicios fiscales posteriores a la publicación del presente Decreto, una asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento del presente Decreto.”
Al participar en las Jornadas de Introducción al Estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, Pardo Rebolledo subrayó que aplicar este nuevo ordenamiento requiere de todo un sistema para audiencia orales que precisa de financiamiento, pero advirtió que dadas las circunstancias que imperan en la actualidad será muy complejo logarlo.
“Siempre existe la posibilidad de que, en el siguiente ejercicio fiscal, no sólo no se aumente el presupuesto, sino que, incluso, exista una reducción, lo cual, sin duda, dificultaría todavía más el poder dar cumplimiento a lo establecido”, señaló.
Pardo Rebolledo recordó que fue gracias a un fallo de la SCJN que el Congreso de la Unión se vió obligado a elaborar el nuevo CNPCF para unificar las diferentes normas que existían en el país y así evitar que juzgados locales emitieran sentencias contradictorias que a final obligaran a la intervención de PJF.
