San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que “cumplan en su integridad la suma de medidas de reparación integral” exigidas el 8 de marzo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en favor de cinco expresos, víctimas de tortura.
Exigió “el total cumplimiento de la Opinión número 43/2021[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada en su 91 período de sesiones, realizado del 6 al 10 de septiembre de 2021 relativa a Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad en Chiapas, la cual determinó que el Estado mexicano es responsable por la detención arbitraria de los cinco compañeros y por lo tanto debían ser puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos”.
En un comunicado agregó que “no se trata de concesiones o regalos, sino de medidas basadas en los impactos psicosociales sufridos y que representan las condiciones mínimas para reparar la salud física y psicológica, proyecto de vida, daño material e inmaterial, así como para garantizar la verdad, satisfacción y no repetición de la fábrica de culpables y tortura”.
Señaló que a la fecha, la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, “el Estado ha cumplido sólo con su liberación, lo que es insuficiente cuando la vida de los cinco y sus familias fueron gravemente lesionadas, desde verse en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención”.
Manifestó que “algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tener que buscar otros ingresos; las enfermedades han sido también un problema derivado de la tortura y las condiciones carcelarias en el caso de las víctimas directas, por su parte muchos familiares también enfermaron física y emocional tras el desgaste de la prolongación de las detenciones arbitrarias”.
Para el Frayba, abundó, “la justicia y la reparación integral son exigencias puntuales y necesarias para acercarse a los derechos que le corresponden a ellos y sus familias, en el sentido de que puedan retomar con mejores condiciones los sueños y proyectos de vida que el gobierno mexicano obstruyó, y que este cumpla con las acciones pertinentes de justicia bajo los estándares internacionales”.
El organismo recordó que “los cinco compañeros caminaron un largo proceso de demandas de derechos humanos, organizándose en las cárceles para denunciar, incluso a través de una huelga de hambre de 135 días, que sus casos ejemplificaban un patrón de fábrica de culpables que se vive en Chiapas; es decir, que su vida fue aprisionada con el fin de que el sistema de justicia aparentara ser funcional, así como su empecinamiento contra personas indígenas quienes han sido histórica y sistemáticamente excluidas y discriminadas”.
