Bogotá. La fiscalía colombiana no aceptó suspender las órdenes de captura que pesan sobre los principales cabecillas del Clan del Golfo, en respuesta a una solicitud formal del gobierno que pretendía levantarlas para facilitar diálogos de paz con el cártel.

Según notificó el viernes la fiscalía al gobierno, en un documento conocido por The Associated Press, no existe sustento jurídico para suspender las órdenes de captura a grupos armados sin carácter político, como el Clan del Golfo -heredero del paramilitarismo y dedicado al narcotráfico- al que le correspondería someterse a la justicia y no a un proceso de paz.

El presidente Gustavo Petro -primero de tendencia izquierdista en gobernar el país- se ha propuesto abrir negociaciones con diversos grupos armados en una política nueva llamada “paz total”. Entre ellos se encuentra el Clan del Golfo, con el que el gobierno asegura que acordó un cese al fuego bilateral hasta junio de 2023.

El Clan del Golfo es el más temido grupo narcotraficante en Colombia cuyo máximo líder Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y enfrenta un caso por narcotráfico en la corte federal de Brooklyn, donde se ha declarado no culpable.

Tras la captura de Otoniel, comparada en importancia por el gobierno con la del otrora capo Pablo Escobar, el Clan del Golfo sigue operando aunque ha enfrentado divisiones internas bajo el mando de otros cabecillas que hacían parte del círculo cercano a Otoniel.

Entre los más importantes las autoridades han señalado a Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, por quienes Colombia ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, es decir, alrededor de un millón de dólares.

The Associated Press conoció un documento fechado el 11 de enero de este año en el que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le solicita a la fiscalía en nombre del gobierno suspender las órdenes de captura contra ocho miembros del Clan del Golfo “designados para los acercamientos exploratorios con el gobierno nacional”.

En ese grupo se incluye a Chiquito Malo, quien tiene procesos por homicidio, desplazamiento forzado y uso de menores de edad para la commisión de delitos. Así como de Gonzalito, quien registra procesos por amenazas, desplazamiento y concierto para delinquir, entre otros. Ambos pertenecían al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y se sometieron a un acuerdo con la justicia en 2004, pero luego reincidieron uniéndose al Clan del Golfo.

En la lista del gobierno también aparecen otros miembros del Clan del Golfo que figuran en el cartel de los más buscados por las autoridades como Alexander Celis Durango, conocido como Bayron, José Emilson Córdoba, alias Negro Perea, y José Miguel Demoya Hernández alias Chirimoya.

Las autoridades han señalado al Clan del Golfo, también llamado Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de tener una capacidad de traficar 20 toneladas de cocaína cada mes y exportarla a Estados Unidos y Europa.

El gobierno ha solicitado antes el levantamiento de órdenes de captura de miembros de grupos armados con los que adelanta acercamientos que sí han sido aprobadas por la fiscalía. La más reciente se dio el 4 de enero para tres representantes del autodenominado “Estado Mayor Central”, una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla que el Estado combatió durante 50 años hasta la firma de un acuerdo de paz en 2016.