La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, por actos de tortura y retención ilegal cometida en contra de dos personas que fueron detenidas en la Ciudad de México el 27 de abril de 2012, por al menos 12 elementos de la desaparecida Policía Federal.
En la Recomendación 236/2022, refirió que la queja fue presentada en septiembre del 2020 por familiares de las víctimas, que en ese momento continuaban sujetas a proceso penal en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) 1 y 17.
En la denuncia se señala que, al momento de ser detenidas y durante su traslado para ser puestas a disposición de la autoridad ministerial competente, las víctimas fueron torturadas con la finalidad de autoincriminarse de diversos delitos. Indicaron que dentro de la causa penal que les siguieron, se practicaron dictámenes basados en el Protocolo de Estambul, que resultaron concluyentes de tortura, por lo que se iniciaron dos averiguaciones previas ante la entonces Procuraduría General de la República, de las que no habían recibido notificación alguna con posibles avances.
La CNDH pudo comprobar que el agente del Ministerio Público de la Federación hizo constar que al momento de su presentación, encontró a una de las víctimas policontundida, con fractura costal, lesiones lumbares y dorsales postraumáticas, así como perforación timpánica postraumática en el oído izquierdo, y para el caso de la otra víctima, la observación de la autoridad señaló equimosis múltiples y excoriaciones de diversas dimensiones, cuya valoración ameritó su traslado al hospital donde recibió el diagnóstico de fractura costal, lesiones lumbares y dorsales postraumáticas, así como otitis.
Asimismo, pudo verificar que la autoridad correspondiente inició una averiguación previa por conductas de tortura, que el Juez de Distrito de la Causa Penal libró orden de aprehensión en contra de 13 personas señaladas como responsables y se confirmó que, hasta la fecha de la presente recomendación, se habían ejecutado órdenes giradas sólo a tres de los elementos, quienes se encuentran actualmente privados de su libertad por su probable responsabilidad en el delito de tortura.
Por estos hechos, la CNDH solicitó a la titular de la SSPC se proceda a la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y se haga la inmediata reparación integral del daño, asimismo que colabore con el seguimiento a la averiguación previa que se encuentra en trámite ante la Fiscalía General de la República e impartir un curso integral de capacitación en materia de derechos humanos dirigido a los elementos policiales de esa secretaría que realicen servicio operativo en la Ciudad de México, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares.
