Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) dio a conocer que propuso a autoridades hacer cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular con el fin de impulsar que más personas tengan acceso a los servicios financieros.
Entre las modificaciones que busca el organismo están establecer un sistema de remuneración a los clientes, abrir cuentas a menores, que se les permita tener nóminas y hacer domiciliación de servicios y conformar una base de datos con tecnología biométrica para poder identificar a los clientes.
En una reunión con medios, David Romero Morfín, presidente de la Amsofipo, indicó que la propuesta ha sido presentada ya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Somos figuras reguladas por Hacienda, a través de la CNBV, la Condusef y el Banco de México, por lo que contar con una legislación más robusta y actualizada, nos permitirá continuar enfrentando de manera exitosa los retos del sector y crecer de forma responsable”, dijo el presidente de la Amsofipo.
Recordó que estas instituciones de crédito cuentan con activos por 36 mil 428 millones de pesos y atienden a 4 millones 800 mil clientes en mil 629 municipios y son un intermediario financiero clave para atender las necesidades de servicios financieros de la población.
“Como parte del proceso de actualización de la ley, se busca fortalecer a las Sociedades en procesos clave como capital, liquidez y tecnología, en beneficio de los clientes”, apuntó.
En materia de capital, las Sofipos buscan un fortalecimiento prudencial, la formalización de los ejercicios de estrés, el cálculo de capital neto y un tratamiento de los impuestos diferidos; así como el incluir nuevos requerimientos como el riesgo operacional, tener un indicador de liquidez y poder contar con garantías personales.
También, pretenden poner en marcha nuevas operaciones e implementación e innovar la regulación para que las Sofipos puedan competir con otros intermediarios y poder permitir la contratación de créditos en moneda extranjera con esquemas de cobertura de tipo de cambio.
Según el organismo, con este mecanismo se podrá fomentar la inclusión financiera, clarificar los procesos internos, con terceros y reguladores y también los procesos de multas y tipificación del delitos.
