Ciudad de México. Al llamar a investigar “exhaustivamente” el asesinato de María Carmela Vázquez Ramírez, quien buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez desde el 14 de junio de 2022, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó a las autoridades su obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en procesos de búsqueda.

“Es urgente adoptar medidas efectivas pare prevenir que a la tragedia que asola a las familias por la desaparición de personas, se sume la desprotección y la impunidad de estos crímenes”, enfatizó.

En un comunicado, en el que condenó el homicidio de la integrante del colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo”, ocurrido el pasado 6 de noviembre, en Abasolo, Guanajuato, resaltó que este caso se suma a otros dos que se han registrado en lo que va del año: el de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, el 30 de agosto, en Sinaloa, y el de Blanca Esmeralda Gallardo, el 4 de octubre, en Puebla.

“Este lamentable asesinato es otro cruel recordatorio de que siguen vigentes los extraordinarios e inmerecidos riesgos que afrontan las madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país” dijo Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH.

“Las familias, además de padecer el profundo dolor que genera la desaparición de sus seres queridos, se ven obligadas a enfrentar situaciones de alto riesgo al tomar parte en acciones de búsqueda e investigación que, no debemos olvidar, son obligaciones que corresponde cumplir a las autoridades” agregó.

La ONU-DH llamó a las autoridades a cumplir con el deber de investigar el asesinato de Vázquez Ramírez exhaustivamente, con debida diligencia y abordando todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su labor en la defensa de derechos humanos y garantizando la incorporación plena y efectiva de la perspectiva de género en la investigación ministerial.

Asimismo, instó a las autoridades a cumplir con su deber de brindar atención integral a la familia de la víctima, incluyendo condiciones de seguridad para ella y demás colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Reiteró su compromiso de trabajar con los colectivos de personas desaparecidas y con las autoridades correspondientes para desarrollar eficientes medidas de prevención, protección y de lucha contra la impunidad.