El Congreso de la Ciudad de México exhortó a los alcaldes panistas de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Santiago Taboada y Mauricio Tabe, respectivamente, a que reparen de manera integral el daño a los comerciantes informales, a quienes se ha impedido trabajar en diversas calles de ambas demarcaciones.

Con la presencia de una decena de trabajadores, que a gritos pidieron apoyo a los legisladores, el pleno llamó a que cesen las prácticas de hostigamiento, violencia y decomiso de mercancía.

Desde los balcones del recinto de Donceles y Allende, algunos afectados se levantaron de sus asientos y con el puño cerrado en alto gritaron: Demandamos justicia social, queremos un lugar para trabajar, a lo que el presidente del Congreso, Fausto Manuel Zamorano, pidió orden y apoyo del personal que resguarda el recinto.

En el exhorto se emplazó a los dos alcaldes a realizar mesas de diálogo para garantizarles su derecho constitucional al trabajo.

De acuerdo con el documento, suscrito por las diputadas morenistas Martha Ávila Ventura y Marcela Fuente Castillo, desde inicios del año y hasta la fecha, comerciantes pertenecientes a la Alianza de Organizaciones Sociales manifiestan que personal adscrito a las demarcaciones territoriales citadas ha realizado diversas acciones que vulneran su derecho humano al trabajo.

Al presentar la proposición, Fuente Castillo aseguró que los comerciantes “acusan directamente a Alejandro Vázquez Pérez, jefe de la Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública de la alcaldía Benito Juárez, de ordenar el uso de la violencia para levantar injustamente a los comerciantes, utilizando medidas corruptas como medio de condicionamiento laboral.

Los comerciantes llevan más de 30 años ejerciendo su trabajo en estas demarcaciones. La responsabilidad de los titulares de las alcaldías es prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, y en consecuencia deben ser compensados por el daño correspondiente, dijo la morenista

El martes pasado, el grupo de comerciantes denunció que las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con el pretexto de la existencia de conflictos vecinales, retiran los puestos de vendedores ambulantes, pero los funcionarios piden moches para permitirles seguir operando. Al no pagar, el lugar es otorgado a otro trabajador que sí da mordida.

La situación se ha vivido en las colonias Extremadura Insurgentes y Polanco, donde sólo les permiten ejercer su actividad de lunes a viernes.